Angélica Campillo
Abogados potosinos auguraron un posible colapso del Poder Judicial del Estado para el próximo mes de mayo, si no se elabora un plan de trabajo en casa y de operaciones efectivo, durante la contingencia sanitaria por el coronavirus.
El abogado Luis González Lozano refirió que, actualmente, dentro del Poder Judicial Local y Federal, únicamente se encuentran haciendo guardias internas por parte del personal para atender asuntos calificados como urgentes; por su parte las Juntas de Conciliación se encuentran cerradas en su totalidad y solo se reciben algunos convenios colectivos; los tribunales administrativos tampoco tienen actividad. Especificó que, en todos los casos, además no se encuentran corriendo términos.
Se dio a conocer que el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura determinaron ampliar el término de suspensión de actividades del 20 de abril al 30 de mayo del año en curso, ante la emergencia sanitaria para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-COVD (COVID-19).
González Lozano consideró que dichas medidas han retrasado la resolución de los asuntos, pues el cierre de los Tribunales y Juntas los imposibilita para dar continuidad a los procesos, por lo que si en condiciones normales, dentro de un expediente en los Juzgados Locales se emite de uno a dos acuerdos por mes dada la carga laboral, cerca de dos meses y medio sin operación judicial “es catastrófico para la resolución de los asuntos”.
Dijo que, esto, sin contar que los plazos entre audiencias dentro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son de uno hasta nueve meses en algunos casos, además de que dentro de los Tribunales Federales tardan hasta seis meses en emitir una resolución o sentencia.
“Un paro de labores de cerca de dos meses y medio, no solo nos ha imposibilitado a dar el impulso procesal debido dentro de ese tiempo, sino que el Tribunal deberá dar respuesta a todo lo peticionado con antelación a la suspensión, además de todo lo que le será solicitado a su regreso, sumado a los nuevos casos que les serán presentados tanto por las condiciones sociales normales, como las nuevas que serán originadas a raíz de la emergencia sanitaria”, sostuvo.
En este contexto, el abogado comentó que existe la posibilidad de que colapse el sistema de justicia, primero, porque existen tribunales con un rezago muy significativo desde antes de la pandemia, no encontrando el usuario justicia pronta y expedita como lo mandata la Constitución y, porque es evidente la necesidad de creación de más tribunales para la resolución oportuna de asuntos.
Apuntó que, si a esto se le suma que la suspensión de labores atrasará el trámite habitual, desconociendo si efectivamente se ordenó un plan de trabajo en casa para disminuir el rezago, al momento de reanudarse actividades se va a encontrar: que en pocos días ingresará todo lo no recepcionado durante la suspensión de labores correspondiente a trámites normales; y, además, se estima que se presentará una gran cantidad extraordinaria de asuntos legales derivados de las consecuencias de la pandemia económica que originó la pandemia sanitaria, es decir, juicios por incumplimientos civiles, mercantiles, laborales, familiares, multas de autoridad, entre otros.
Manifestó que, de colapsar el sistema de justicia, sería casi imposible la correcta administración de justicia, que ya de por sí es insuficiente, como se expuso los tiempos de trámite de los juicios son exagerados, por lo que, al sufrir un colapso, se obtendría que, posiblemente los tiempos se duplicarían o triplicarían, es decir que para la resolución de un asunto que antes de la emergencia sanitaria tardaba 1 año en resolverse, ahora podría llegar a tardar 3, “hay personas que necesitan de la pronta resolución de los asuntos para poder cobrar una renta para vivir, cobrar una pensión alimenticia, recuperar una casa o una inversión, cobrar una liquidación, convivir con sus hijos, entre muchas otras cosas que de colapsar el sistema de justicia, podría tener un impacto social que desencadene incluso en la delincuencia, lo que además vendría a suponer una reorganización total de los tribunales”.
En este sentido, propuso que, se elabore dentro de todos los Tribunales de Justicia, Locales y Federales, así como dentro de las Juntas de Conciliación, la elaboración y emisión urgente de un plan de trabajo en casa y de operaciones, concreto, preciso y medible, a fin de optimizar al máximo los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para ser más eficientes en la impartición de justicia.
Añadió que, este plan debería ser elaborado en conjunto entre los Tribunales y los abogados postulantes, pues ambos serán quienes enfrentarán los retos que implicará el retorno a las labores.
Explicó que, este Plan deberá contener designaciones específicas para el personal, pues muchas veces trámites simples se tornan largos y ociosos por el rezago ya existente, además de cancelar permisos para faltar a los trabajadores de los Tribunales y Juntas en tanto se estabilice la situación, desechar de plano procedimientos improcedentes o innecesarios, así como sancionar económicamente a las partes litigantes que los promuevan, hacer uso de los métodos de conciliación y mediación, que la sanción de convenios sea casi inmediata existiendo personal específico para ello.
De igual manera, consideró de vital importancia que los tribunales se encuentren aprovechando este tiempo de ausencia para poner al corriente todo el trabajo rezagado, con el fin de que, al reanudar las labores, se inicien sin rezago.
Por separado, el abogado Gustavo Barrera López coincidió con su colega Luis González Lozano respecto al posible colapso del Poder Judicial, si no arman de inmediato y ponen a funcionar de forma obligatoria un programa de trabajo en casa.
Declaró que, desde antes de la contingencia sanitaria había rezago en los trabajos en los distintos juzgados y si no se avanzó en ello, sostuvo que el Poder Judicial sí va a colapsar porque a este rezago se le sumará el rezago acumulado durante la pandemia.
Propuso, ante ello, un trabajo judicial en casa o agenda judicial en casa para el servidor judicial, sea magistrado, juez, secretario de sala de tribunales, secretario de audiencias, o secretario de acuerdos, de juzgados familiares, civiles, mercantiles o penales, entre otros.
Externó que, lo ideal sería que se hubiera diseñado este programa de trabajo judicial en casa, y con ello, el rezago sería lo de menos porque podrían ir adelantando el estudio de todos los expedientes que están en trámite, no nada más aquellos que dejaron pendientes de dictar sentencia.
Barrera López consideró grave que no esté funcionando el software del expediente electrónico, que desde hace un año se instaló en el Poder Judicial, y al cual deben tener acceso únicamente las partes que están litigando y los abogados autorizados, quienes podrán revisar los expedientes, como si se tratara de un libro electrónico, y esta herramienta ayudaría a abatir el rezago durante la contingencia sanitaria.
Expuso que, dentro del Consejo de la Judicatura hay un Instituto de Estudios Judiciales, el cual debería implementar programas de capacitación a través de plataformas digitales para los actuarios y notificadores, quienes, ante la contingencia sanitaria no tienen nada que notificar y continúan percibiendo su sueldo. Agregó que este programa de capacitación debería darse en los diferentes estratos de los empleados y funcionarios del Poder Judicial.
Cabe destacar que recientemente, el abogado José Mario de la Garza Marroquín presentó ante el Congreso del Estado local una iniciativa que permita al Poder Judicial del Estado habilitar tribunales virtuales, para abatir el rezago durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.
