Antonio González Vázquez
Al cierre del 2020, las instituciones públicas del Gobierno Federal en la entidad, acumularon 161 quejas por presunta violación de los derechos humanos de los potosinos. En 2019, el total de quejas fue de 148.
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta que el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 61 quejas, tiene el 37.88 por ciento del total.
Le sigue, en segundo lugar, el ISSSTE, con 24 quejas que representan el 14.9 por ciento; lo que indica que entra ambas instituciones de asistencia, suman poco más de la mitad de todas las quejas por probables violaciones a los derechos humanos cometidas por instituciones federales en la entidad el año pasado.
Los hechos violatorios denunciados en contra de ambas instituciones están relacionados con la mala atención médica a los pacientes, negligencia, negar la atención y no surtir recetas, entre otros.
Por lo que toca a las instituciones en materia de seguridad pública, se iniciaron 9 expedientes de queja en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, 8 contra la Guardia Nacional, 4 contra la Policía Federal y 1 contra la Secretaría de Marina.
En el caso del Ejército, los tres principales motivos de queja son: prestar indebidamente el servicio público, emplear arbitrariamente la fuerza pública y la detención arbitraria; hay además un caso por tortura. 5 quejas tienen origen en el municipio de Matehuala y 4 en la capital.
Respecto de la Guardia Nacional, los tres principales actos violatorios a los derechos humanos son: intimidación, prestar indebidamente el servicio público y faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones. Esas quejas se originan en la capital (2), Matehuala (2) y una en Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona, Tamazunchale; uno no está especificado.
El Sistema Nacional de Alerta tiene por objetivo advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos a las violaciones de los derechos humanos, por parte de las autoridades federales en las entidades del país.
