Por Victoriano Martínez
A partir de este miércoles, los usuarios del transporte urbano tendrán que pagar un poco más para seguir padeciendo un mal servicio de camiones, pero no sólo por las deficiencias y mala atención de permisionarios y choferes, sino también por la pésima planeación por parte de las autoridades encargadas de regularlo.
Fernando Chávez Méndez, secretario de Comunicaciones y Transportes, lo llamó “pequeño ajuste” a la tarifa, cuando lo que tiene enfrente es un inmenso ajuste que se le tiene que dar al servicio.
Valdría la pena, por ejemplo, que Chávez Méndez exhibiera la evaluación que haya realizado, conforme al artículo 94 de la Ley de Transporte del Estado, en la que acredite que los camioneros hayan “cumplido con los principios rectores y estándares de calidad establecidos en los artículos, 2°, 67, y 68 de la presente ley”. De no acreditar esas condiciones, el aumento es ilegal.
Dos mil 15 quejas durante 2019 (según el número de folios), es decir, 5.52 quejas al día, de usuarios que se toman la molestia de conseguir el número para presentarlas porque en gran parte de los camiones éste aparece con un dígito o dos borrados, o recurren a la página de internet para enviarla por correo electrónico, no son un buen indicador de estándares de calidad.
La cifra negra (usuarios inconformes que no se quejan) es fácilmente mayor que en los casos de víctimas de delitos, por las propias condiciones del servicio.
Un ejemplo: tras esperar por más de media hora el camión, un estudiante le hace la parada al camión que por fin paso, no se detiene y le toma una fotografía con su celular. Unos cincuenta metros atrás venía otro camión que sí se para. Al abordarlo es recibido por el chofer con un amenazante “¿le tomaste foto, verdad?”. Otros pasajeros fueron testigos, pero la queja no llegó a la SCT.
Eso en lo que se refiere al trato de los choferes. Pero si se toma en cuenta que las 57 rutas reconocidas por la SCT se multiplican en los hechos con un aviso en los parabrisas de los camiones que a veces es diminuto y provoca que los usuarios se desvíen de su destino, con el gasto adicional que implica, el demérito de los estándares sigue cayendo.
Madres de familia que se enfrentan al problema de no poder abordar el “trasporte rosa” con sus hijos adolescentes, o mujeres que se quejan de lo inalcanzable que resulta el botón de pánico, accesible sólo para el chófer. “¿Te imaginas de aquí a que vas a avisarle al chofer o gritas si te están molestando? ¿Ya para qué?”, dijo una mujer sobre ese punto.
Son frecuentes los comentarios entre los usuarios sobre la inutilidad de las quejas y la idea generalizada de que no pasa nada.
De las 2 mil 15 quejas reportadas por la SCT en 2019, 96 aparecen en el reporte del mes de diciembre. De acuerdo con la respuesta que en ese informe se presenta, sólo en tres de cada diez se aplicó infracción y en cuatro de cada diez se amonestó a los choferes. Una de cada diez quejas fue turnada al permisionario.
Dicho de otro modo: el quejoso tiene un 30 por ciento de posibilidades de que se dé una sanción por su queja, pero también tiene una entre diez posibilidades de que su inconformidad se le comunique al permisionario, así se trate de una infracción sancionada por la Ley.
Un caso: queja con el folio 1968, “una hora esperando y no han pasado unidades”, seguimiento reportado: “se remite por oficio a la línea”. El artículo 129, fracción II, inciso i, sanciona alterar las frecuencias de servicio con “multa de cincuenta a cien unidades de medida y actualización vigente”. ¿Acaso remitieron el caso a la línea para que aplicara esa multa?
Los 30 casos de infracciones reportados en diciembre no hacen referencia a multas, sino sólo a “se procede a infracionar (sic) licencia al operador de la unidad”.
El “pequeño ajuste” a la tarifa que entra en vigor mañana, en tanto Chávez Méndez no acredite haber cumplido con lo que marca el artículo 94 de la Ley de Transporte, podría considerarse ilegal.
Aun suponiendo que se cumpliera con esa condicionante, el “inmenso ajuste” que requiere el servicio con una reestructuración de rutas, supervisión más efectiva del cumplimiento de itinerarios, rutas, horarios, frecuencias de servicio, terminales, o condiciones autorizadas para la prestación del servicio y atención real a las quejas es una gran deuda de la autoridad para con los usuarios.
Por la necesidad que tienen del servicio, los usuarios se ven obligados a cubrir la tarifa que irresponsablemente les pongan, incluso al margen de la ley. Ya es tiempo de que, no solo los camioneros, sino también las autoridades le correspondan al sacrificio de los usuarios de pagar la tarifa que les impongan.
