Por Victoriano Martínez
Ya es ritual. Los primeros 15 días de cada año surgen declaraciones en torno a la tarifa del transporte urbano: que no habrá aumento, que los permisionarios lo requieren, que están en negociaciones, que se alcanzó un acuerdo… y la gran ignorada es la Ley de Transporte Público, que en su artículo 94 dice:
“La Secretaría autorizara los incrementos a las tarifas, siempre y cuando cada modalidad haya cumplido con los principios rectores y estándares de calidad establecidos en los artículos, 2°, 67, y 68 de la presente ley, en cuyo caso, se incrementarán anualmente a razón del Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulado en el año inmediato anterior que resulte, de acuerdo a la publicación que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-, en el Diario Oficial de la Federación”.
Un texto que deja resuelto el tema. Las tarifas “se incrementarán a razón del Índice Nacional de Precios al Consumidor”. No dice que se pueda omitir el aumento, ni que se deba considerar la situación de los permisionarios, ni que deba haber negociaciones, y sí, en cambio, señala una condicionante.
“Siempre y cuando cada modalidad haya cumplido con los principios rectores y estándares de calidad establecidos en los artículos, 2°, 67, y 68 de la presente ley”.
Autorizar la nueva tarifa lo único que requiere es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) verifique el cumplimiento de esas condiciones que, para el caso del artículo 2º, es que el servicio se preste en condiciones de una movilidad sustentable, se eficiente la gestión y tenga calidad en el servicio.
En el caso del artículo 67, que aplica al transporte urbano colectivo, destacan entre una larga lista que opere con la frecuencia establecida por la propia SCT, que no circulen camiones de más de 10 años de antigüedad, y que cuenten con letreros led con el número de ruta y el destino.
La frecuencia con la que pasan los camiones es una de las principales quejas de los usuarios, la organización Ciudadanos Observando detectó 379 camiones de mayor antigüedad a la permitida, y son escasos los camiones con los letreros led “los cuales se instalarán en la parte superior derecha del parabrisas”, de acuerdo con el artículo 67, fracción d, numeral 5.
Lejos de verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad en el servicio que exige la Ley, la SCT se limita a establecer con los permisionarios el compromiso de que “ahora sí” se mejorarán las condiciones del servicio.
Un compromiso que, en los hechos, representa una confesión de que se viola el artículo 94 de la Ley de Transporte Público en cuanto a que no se cumple con la condición expresa que señala que el aumento se autorizará “siempre y cuando cada modalidad haya cumplido con los principios rectores y estándares de calidad establecidos en los artículos, 2°, 67, y 68”.
No es novedad que se actúe al margen de la ley y se favorezca a los permisionarios. “El gobierno del Estado no puede permitir que el transporte urbano de pasajeros en esta ciudad sea más deficiente de lo que es actualmente”, dijo el secretario general de gobierno tras autorizar la nueva tarifa… ¡el 3 de febrero de 1980!
“El transporte ha sido de los más golpeados en San Luis Potosí y tenemos más de cinco años sin aumento de tarifa al transporte, y en cinco años ha subido el diésel en enormidad, entonces se sienten ahogados”, dijo este 14 de enero el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como parte de ese juego de dimes y diretes para finalmente autorizar un incremento a la tarifa.
Lo cierto es que Gallardo Cardona inició su gobierno con una tarifa del transporte urbano de 10.10 pesos, la mantuvo en 2022, la aumentó a 11 pesos en 2023 y a 11.50 pesos el año pasado. Este año aún no se sabe a cuánto la incrementará, dado que a las 0:15 horas de hoy aún no se publicaba el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. Es decir, el día comenzó sin nueva tarifa.
El año pasado ocurrió lo mismo, y aunque el acuerdo se publicó por la tarde, desde temprano los camiones comenzaron a circular con letreros de la nueva tarifa. Es muy probable que hoy se repita una publicación en el Periódico Oficial con aplicación retroactiva por unas horas.
Tanto se fija la atención en el aumento a la tarifa de los camiones que se pierde de vista que en ese mismo acuerdo también se incrementan las tarifas de los taxis que, entre 2021 y 2024, subieron en promedio un 21.66 por ciento, en tanto que en ese mismo periodo la del camión aumentó un 13.86 por ciento.