Por Victoriano Martínez
Para el trazo del último tramo de la autopista de cuota San Luis Potosí-Matehuala el Grupo Valoran no pudo, el pasado sábado en la asamblea ejidal de El Peyote en segunda convocatoria, convencer a los ejidatarios de que prácticamente les regalaran las tierras por donde esa carretera cruzaría su Ejido.
Los representantes del Grupo Valoran, a través de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, S. de R.L. de C.V., comenzaron su participación en plan de benefactores que, a cambio de 29 hectáreas, dejarían muchos beneficios para la comunidad de ejidatarios con una oferta que no podían rechazar.
“Cuarenta y siete mil pesos, muchas fuentes de trabajo durante tres años, van a poder alojar a los ingenieros que van a traer la obra, también vender comida a quien trabaje ahí, piénsenlo bien”, les expuso la abogada que se encargó de exponerles la atractiva oferta.
Se las presentó tan atractiva y tan difícil de rechazar que enseguida les advirtió que, si no la aceptaban, el trazo de la carretera se cambiaría y perderían todos esos beneficios. El tono fue tal, que para más de uno de los 183 ejidatarios presentes lo percibió como una especie de chantaje.
El grupo de ejidatarios inconformes fue el primero que comenzó a cuestionar la legalidad de los temas planteados en el orden del día. Al representante de la Procuraduría Nacional Agraria le cuestionaron por qué asistió certificar la aprobación de un convenio de ocupación previa cuando éste no existe ni es la vía para la pretensión que sobre sus tierras tiene la empresa.
Severo Rosales Medrano, presidente del Comisariado Ejidal de El Peyote, en el municipio de Guadalcázar, expuso un elemento más para la inconformidad: se planteaba originalmente un precio de 400 pesos por metro cuadrado y ahora la oferta caía a entre 40 y 47 pesos por metro cuadrado.
Si 400 pesos por metro cuadrado lo consideraban un precio que malbarataba sus tierras, la oferta irrechazable resultó ofensiva y considerada una miseria.
Los cuestionamientos a los representantes de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, S. de R.L. de C.V., de Grupo Valoran, resultaron inesperadas para los abogados que acudieron a la asamblea, al grado de que no pudieron responder a ninguno de los 13 puntos sobre los que finalmente les requirieron por escrito que respondieran.
“Este es un problema de legalidad y protección ambiental, antes de llegar a una oferta económica sobre las tierras”, planteó un integrante de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito invitado por los ejidatarios, en una exposición que sirvió de marco para los cuestionamientos que fueron más allá de lo que calificaron como “miserable pago”.
Los abogados de la empresa no pudieron responder sobre la vinculación entre la concesión federal del tramo Ventura-El Peyote con el que pretenden desde este punto hasta Matehuala, ni aclarar si cuentan o no con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Tampoco pudieron explicar cómo la empresa encabezaba un proceso de expropiación de tierras ejidales casi como representantes del gobierno estatal, cuando la ocupación de este tipo de propiedad es una facultad exclusiva de la Federación.
Con tan poca seriedad tomó la empresa a los ejidatarios, que ni siquiera acudieron con información para poderles señalar el trazo de la carretera, cuántas y qué parcelas se afectarían, además de los trámites relacionados con el cambio de uso de suelo, especialmente por tratarse del Área Natural Reserva Estatal Real de Guadalcázar.
Luego de no obtener una sola respuesta a sus dudas sobre el proyecto, por unanimidad de los 183 asistentes se rechazaron la oferta económica y los procedimientos legales, se declaró abierta la asamblea para continuarla el 3 de mayo, que fue el plazo que dieron para que la empresa demuestre cumplir con todos los requisitos legales.
De no demostrar que se cubren todos los requisitos legales y que se garantiza que no habrá afectación al Área Natural Protegida los ejidatarios no aceptarán que la carretera cruce su ejido. Sólo en caso contrario aceptarán que se les presente una nueva oferta económica que no les resulte ofensiva como la que calificaron como “miserable pago”.
Los ejidatarios de El Peyote resultaron más protectores del medio ambiente y de la legalidad que los 27 diputados del Congreso del Estado que, fieles a su actuar sumiso ante el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aprobaron la concesión de una carretera de cuota estatal sin verificar la viabilidad en esos dos aspectos.
Ejidatarios de San Lorenzo, Peotillos y La Tapona, quienes tampoco han aceptado cerrar negociaciones con la empresa sobre las tierras que tendrían que aportar al trazo de la autopista, estuvieron al pendiente de lo que ocurría en la asamblea del Ejido El Peyote. La ocupación de tierras ejidales para ese proyecto no va a ser fácil, o al menos abusiva.
Una circunstancia que retrasará un proyecto que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, principal promotor de la autopista aun en contra de la postura del gobierno federal, ya promociona como “el proyecto carretero más grande en México de los últimos 35 años por la longitud de la autopista y la inversión de la obra”.
Sin embargo, la oferta con la que comenzaron los representantes de la empresa para convencer a los ejidatarios de dejarlos pasar ilegalmente y abusivamente por sus tierras apunta más a que se trata de un proyecto carretero que atenta contra el medio ambiente y los derechos de los ejidatarios… apoyado por un gobierno Verde Ecologista.
