Por Victoriano Martínez
Así como las tierras de ejidos y comunidades son codiciadas por empresarios que pretenden ganancias excesivas, sea con proyectos inmobiliarios o hasta mineros, ocupar los cargos directivos dentro de esos núcleos agrarios despierta la ambición de quien ve la posibilidad de aliarse en esos esquemas que les pueden resultar lucrativos.
Sólo era cuestión de tiempo para que los ejidatarios y comuneros inconformes al percatarse sobre la forma en que sus comisariados ponen en riesgo su patrimonio y permiten el usufructo y hasta expropiaciones en sus territorios sin tomarlos en cuenta y con injustos beneficios, llevaran su lucha a exigencias mayores a sólo exigir sus derechos.
Los tres casos que presenta hoy Estela Ambriz Delgado, en los que ejidatarios y comuneros piden que se apliquen auditorías a sus comisariados, cada uno con su propia historia, muestran algunas coincidencias sobre los protagonistas que, junto a sus autoridades comunales y ejidales, propician las irregularidades que piden que sean revisadas.
En cada caso, la lucha que han protagonizado ejidatarios y comuneros ha impedido que se consumen acciones perjudiciales para la integridad de sus núcleos agrarios y, por lo visto, ha llegado el momento de que las autoridades gubernamentales tomen medidas para fincar responsabilidades y aplicar sanciones.
En el ejido La Pila, por ejemplo, la lucha de los ejidatarios impidió el despojo de mil 888.99 hectáreas, con una serie de maniobras con asambleas ilegales avaladas por funcionarios agrarios que, en la exhibición de las irregularidades, terminaron por ser removidos de sus cargos.
También en La Pila se impidió la expropiación de 30.26 hectáreas para la construcción de un libramiento carretero en el que la confabulación de su comisariado se dio con empresarios del corporativo Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta) y funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes.
En la comunidad de San Juan de Guadalupe, la resistencia a perder parte del territorio para el proyecto residencial Las Cañadas vinculó la lucha con la protección medio ambiental por tratarse de una zona que presta importantes servicios ecológicos a la zona metropolitana, lo que ayudó a dar visibilidad a la urgencia por declarar Área Natural Protegida (ANP) a la Sierra de San Miguelito.
Una lucha que nació con el siglo y sembró en el camino acuerdos entre empresarios y comisariados con flujos millonarios poco claros que, hoy en día, no se tiene claro su destino, aunque es muy notoria la insistencia en la urbanización de parte de la Sierra con embates jurídico-judiciales contra la ANP.
Los alcances de esa pretensión depredadora de la Sierra incluyen una cierta alianza del actual Gobierno del Estado que, en 2022, presumió un acuerdo con los comuneros de San Juan de Guadalupe para destrabar la conclusión del puente elevado en el cruce del bulevar Antonio Rocha Cordero y la Avenida Juárez.
Los comuneros desconocen el monto total acordado, distribuido y comprometido, porque el convenio se ha mantenido oculto. Incluso se llegó a comentar que el pago lo harían los empresarios como parte del mantenimiento de una buena relación con el comisariado comunal. El hecho es que se trata de un acuerdo que se mantiene en la opacidad.
En el caso del ejido Núñez, en el municipio de Guadalcázar, el aprovechamiento de una mina de yeso, así como de arcilla, uso de suelo, cobro de renta por torres de telefonía, así como por derecho de paso son negocios que para los ejidatarios no representan beneficios.
En los tres casos, por si los negocios irregulares con particulares externos no fueran suficientes, también se reporta el mal uso de recurso recibido por programas federales, estatales y municipales.
Tres muestras en las que la lucha protagonizada por ejidatarios y comuneros se da por la integridad de sus núcleos agrarios, sus derechos y el uso correcto de los programas de gobierno que, sin duda, se trata de situaciones que, de un modo u otro, se repiten en muchos más ejidos y comunidades.
Una especie de alerta que exige de las autoridades mucho más que la atención a las auditorías específicas solicitadas.
