María Ruiz
Las autoridades desconocen los contextos económicos, sociales, violencia y salud, que pueden orillar a una mujer a enfrentar un aborto espontáneo o realizarse una interrupción de su embarazo, así lo señaló la abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Arely Torres Miranda.
Esto luego de que el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, informó que se abrió una carpeta de investigación para determinar quién o quiénes son los responsables del aborto de un feto, que fue encontrado en el tiradero de la comunidad de Peñasco perteneciente a la capital del estado el pasado 9 de agosto.
“Hay autoridades, incluso algunos medios de comunicación, que manejan esta información como si la madre hubiera abandonado al feto (…). Muchas veces ni siquiera ubican quién pudo haber tenido ese aborto espontáneo, si se trata de una mujer, una persona que ha sufrido una situación de salud, o también cosas que han sucedido en nuestro estado en donde las mujeres pueden ser víctimas de una violencia física estando embarazadas y pueden perder el producto a raíz de estas violencias”, indicó la especialista.
Torres Miranda recalcó que este tipo de sucesos siempre tienen una mirada patriarcal y machista, y hacen a un lado los contextos sociales que pudieron intervenir para que se diera esta situación, lo que desdibuja una mirada objetiva sobre los hechos, además de criminalizar y culpar siempre a la mujer por ello.
“Tenemos la costumbre muy patriarcal de poner a la mujer en esta situación de agresora, cuando podría no ser derivado hasta de un hecho de violencia. A la Fiscalía y el fiscal está más preocupado por encontrar quién ‘tiró’ un feto, que no es cosa menor, que garantizarnos a las mujeres una vida libre de violencia, porque pues les recordamos que sigue impune y sigue suelto la persona que ha estado ‘picando’ entre comillas, agrediendo de una manera física a las mujeres en nuestra capital, y aún se registran muchos casos de feminicidio que siguen al pendiente, casos de violencia familiar que han ido en incremento”.
Situación que para Torres Miranda refuerza la necesidad de legislar en torno a la interrupción legal del embarazo en el estado por parte del Poder Legislativo; una iniciativa que lleva aproximadamente 20 años presentándose ante las y los diputados.
“El tema del aborto se ha llevado a varios congresos, porque no es la primera vez que existimos activistas que hemos estado trabajando el tema de aborto y de avances legislativos. Desde hace 20 años en el estado éramos cinco mujeres afuera protestando y exigiendo esta garantía de nuestros derechos; luego en el 2007 cuando se despenalizó en Ciudad de México seguimos insistiendo sobre esa necesidad. Hemos manejado amparos que incluso hoy día esperamos una resolución, de un amparo que hice cuando la ex diputada Alejandra Valdés y yo hicimos la iniciativa”, detalló.
En este sentido, la abogada remarcó lo lamentable de que el Congreso del Estado se dedique a legislar en contra del acceso al aborto seguro, que constituye además de una deuda histórica.
“Importante traer sobre la mesa esta irresponsabilidad por parte del Congreso, al seguir congelando las iniciativas, al seguir sin trabajar en esta armonización y que también esto es algo que debería estar trabajando la Secretaría de Salud de manera directa, porque también es su responsabilidad el tener los procedimientos de acuerdo a la NOM 046. No creo que nos falte mucho para avanzar y que en lo personal, conozco varias colectivas y varias activistas que siguen trabajando el tema”, señaló.
Por último, consideró necesario también visibilizar que hay un trabajo social en torno a este tema a través de las colectivas feministas, que hacen el trabajo que los Servicios de Salud y el Gobierno se niegan hacer a favor de las mujeres.
“Creo que el seguir incurriendo en esta omisión legislativa es abonar a las desigualdades a las violencias estructurales y se puede sumar como una violencia institucional”.
