Estela Ambriz Delgado
En una reunión con autoridades en materia ambiental, encabezada por el jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Román Hernández Martínez, el colectivo Guardianes de la Sierra hizo una exposición sobre la estrategia jurídica que se realiza para la defensa del decreto de Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito, a fin de colaborar con el gobierno federal en la misma.
A dicha reunión de trabajo convocada por la representante de Semarnat en el estado, Angélica Montañez Rivera, también asistieron Joel Félix Díaz, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Consejo Hídrico Estatal, y los directores del ANP Sierra de San Miguelito, así como del Parque Nacional Gogorrón en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Por su parte, el activista Carlos Covarrubias Rendón expresó es necesario disponer de toda la información necesaria para fortalecer el argumento de defensa del decreto de ANP, frente a los intereses del poder económico e inmobiliario, y esta se encuentra en manos de la Procuraduría Agraria, el Tribunal Unitario Agrario del XXV distrito, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Registral y Catastral del Estado.
Asimismo, informó que se ha gestionado y obtenido una opinión jurídica más respecto a inmobiliarias en tierras de uso común y asociaciones en participación, las que consideran pueden solicitarse con un enfoque mas profundo para establecer la inviabilidad de las mismas, además de que cuentan con una serie de documentos con los que se puede robustecer la estrategia jurídica en el litigio que el gobierno federal desarrolla.
“Nuestro lineamiento descansa en cuanto a que una demanda de daños y perjuicios es inviable ante la inexistencia de un agravio o menoscabo económico de algún tipo de empresa y/o asociación debidamente constituida”.
En este sentido, el integrante del colectivo explicó que antes, durante y después del decreto de ANP fueron declaradas inviables las inmobiliarias en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, tanto desde el punto de vista agrario como el ambiental.
De igual forma, en la reunión se desglosó el planteamiento en el expediente 601/22-ear-01-4 ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el amparo 1364/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito, en el que se establece la improcedencia de figuras asociativas en la comunidad mencionada con la empresa Espacios en el Horizonte S.A. de C.V., con los expedientes respectivos en la Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado.
Asimismo, la Ilegalidad de contratos económicos, prestamos y promesas de aportación de tierras en el marco de la legislación agraria entre la Comunidad y la empresa Espacios en el Horizonte o las que se involucran a través del tiempo (2009 a la fecha); y el origen del financiamiento de las operaciones económicas para someter la voluntad de los comuneros y sus familias, con diversos contratos e información bancaria como recibos y cheques entregados por empresarios a comuneros, por compromisos de aportación de tierras y/o constitución de asociación en participación.
En el planteamiento también está identificar con claridad la constitución de la empresa Espacios en el Horizonte S.A. de C.V., de sus socios accionistas y su movilidad financiera, y el modus operandi de Alejandro Tamayo Ibarra en el mismo sentido; además de las acciones legales promovidas por la Comunidad de San Juan de Guadalupe y la empresa para constituir un proyecto inmobiliario en función de modificar el uso de suelo de las tierras pretendidas, antes durante y después de la emisión del decreto de ANP.
Así como acreditar documentalmente la gestión ante el Ayuntamiento de San Luis Potosí respecto al proyecto Las Cañadas, esto durante la consulta pública de los programas de ordenamiento territorial publicados en abril de 2021 y en la consulta publica federal del estudio previo justificativo para crear el ANP Sierra de San Miguelito, que fuera convocada en enero 29 de 2021.
“Es fundamental para establecer que la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos como tal no es sujeto agraviado por el decreto, pues la negativa a la conformación del proyecto inmobiliario fue denegado por la Procuraduría Agraria y los gastos que ostentan haber realizado y las perdidas hipotéticamente planteadas no corresponden a una realidad jurídica y financiera que se pudiera acreditar y que además por su origen financiero puede implicar actos de naturaleza delictiva. Es decir, no existe forma de establecer un menoscabo económico a la Comunidad por un negocio inmobiliario fallido”, consideró Covarrubias Rendón.
Tras la amplia exposición, Román Hernández Martínez dijo que este es un tema prioritario para la titular de Semarnat, María Luisa Albores, así como para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que la misma dio la instrucción de hacer equipo con Guardianes de la Sierra, y en atención a ello se investigará lo expresado en la reunión, a través del personal responsable del área jurídica de la dependencia.
