Estela Ambriz Delgado
En relación al evento que el Gobierno del Estado llevó a cabo este fin de semana en el en el municipio de Xilitla, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, consideró que las autoridades sólo se acuerdan un día de los pueblos y comunidades, pero los 364 días sus derechos son vulnerados.
Expresó que a las autoridades les incomoda que se les señale la realidad que vive este sector, tal como lo hizo en dicho evento la maestra Jaqueline Fernández Acosta, quien en su intervención habló sobre la sistemática invisibilización de los pueblos y comunidades indígenas.
Cisneros Sánchez dijo que la paradoja de esta celebración es que quienes han vulnerado los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se desviven en ardientes discursos y hasta buscan promoverse en la opinión pública para que en la próxima elección tengan un cargo de elección popular.
“Con la celebración aparece un sin número de actores oportunistas que se cuelgan de del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, mientras el resto de los días del año sólo buscan la forma de ignorarlos, abandonarlos, despojarlos e invisibilizarlos”, señaló.
Asimismo, el representante del Observatorio destacó que en la intervención de Jaqueline Fernández en Xilitla, ella puso énfasis en la omisión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y el Congreso del Estado, sobre la consulta para transitar del sistema de elecciones ordinario, al sistema por usos y costumbres.
En este sentido, Cisneros Sánchez reiteró que actualmente una de las demandas indígenas de mayor realce es que se les respete su derecho de elegir a sus autoridades municipales por medio de sus usos y costumbres, lo que consideró amenaza los intereses de la clase política y económica en el poder.
“Les asusta el que las comunidades indígenas asuman los gobiernos municipales, pues obviamente ya podrían medrar los recursos públicos a su antojo, y sus cuotas de poder y control social se verían estructuralmente desplazada por la democracia comunal, que sólo exige su derecho al desarrollo bajo su propia identidad y así poder superar su empobrecimiento y su baja calidad de vida”.
Además, señaló que los tribunales y el Ceepac tienen gran responsabilidad en el tema, pues pareciera que la demanda indígena por transitar de un sistema a otro los coloca en el terreno de romper paradigmas en sus resoluciones, que tendrían que apegarse no sólo al estricto derecho, sino a una interpretación basada en la convencionalidad, la jurisprudencia existente, y en los principios de progresividad y pro persona.
“Están obligados, pero pareciera que les tiembla la mano, pues temen incomodar al poder que se opone a las libertades y derechos indígenas”.
Finalmente, Juan Felipe Cisneros puntualizó que el Ceepac no ha asumido su responsabilidad como autoridad electoral en el estado, y ha desarrollado acciones sólo para entorpecer y dilatar el proceso de decisión que, a través de una consulta indígena, las comunidades tuvieran que haber determinado su transito de un sistema a otro, en complicidad con el Congreso del Estado.
“En complicidad con el Congreso local, han actuado sistemáticamente negando la consulta, en contra del interés común de las pueblos y comunidades indígenas”.
