Estela Ambriz Delgado
Autoridades Xi’iuy de los municipios de la zona Media enviarán un pronunciamiento a las cámaras de diputados y senadores de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, en torno a la reforma constitucional del artículo 2 en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, pues consideran que es necesaria una modificación que abarque no sólo un artículo para garantizar la materialización de políticas públicas que favorezcan a este sector de la población.
Tras reunirse el 29 de agosto en el centro coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el municipio de Cárdenas, y realizar un análisis de los avances de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, determinaron que si bien constituye un acto de justicia social y resarcimiento de una deuda histórica a los pueblos indígenas de México, reconocerlos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se requiere modificar más que un artículo.
Al respecto, el integrante de Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), Juan Felipe Cisneros Sánchez, informó que las autoridades concluyeron que se requiere contar con una reforma constitucional que abarque varios artículos y que realmente permitan, de una vez por todas, generar una transformación de la relación del Estado Mexicano y los pueblos y comunidades indígenas, que incluya la reforma legal, de las instituciones, así como de programas y presupuestos, que garantice la materialización de políticas públicas.
Asimismo, en la reunión se determinó que la reforma legal deberá exigir el que también se genere una ley reglamentaria de este artículo para que la norma pueda ser aplicada e interpretada correctamente, y no se dé margen a distorsiones o a la inaplicabilidad.
Además, las autoridades Xi’iuy consideran que es necesario una reglamentaria especial para proteger el derecho de participación y consulta de los pueblos y comunidades, dada la vulneración sistemática de este derecho en todo el territorio nacional, así como para el tema de la justicia indígena, pues el sistema jurisdiccional del Estado sistemáticamente excluye el acceso a la administración e impartición de justicia e ignoran el pluralismo jurídico que prevalece, así como la necesidad de creación de procuradurías, defensorías y tribunales indígenas.
“La comunidad indígena acuerda que: respaldamos la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Federal y la propuesta planteada por las comunidades indígenas del estado para reforzar la protección de los derechos indígenas, nos mantendremos atentos al desarrollo del proceso legislativo en forma permanente a fin de tomar las acciones pertinentes en caso de ser necesario, y estaremos en constante comunicación con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas para estar informado de la marcha de dichos trabajos y las estrategias y acciones que sean necesarias hasta lograr la aprobación de la reforma”.
En la reunión estuvieron presentes el representante del INPI en el estado Martín Esteban y los consejeros indígenas de la región Xi’iuy y de la Huasteca Potosina; Rafael Reyes Martínez, Leodegario Durán Botello, Marcos Alejo Torres, Cenorina Bernal Fernández, Hermelinda Vázquez Bautista, Angelina Reyes Hernández, asistidos por la maestra Jaquelina Fernández Acosta.
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