Abelardo Medellín
La conformación de la Comisión Jurisdiccional dentro del Congreso del Estado que se encargará del juicio político contra el alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios, confirma que la administración municipal cometió agravios contra derechos humanos e incurrió en abusos de poder, al continuar con las obras del paso superior vehicular Río Españita-Avenida Industrias-Bulevar San Luis, en el Bulevar Antonio Rocha Cordero, dijo en entrevista el representante legal de los ejidatarios de La Libertad, Jorge Luis Dorantes.
El abogado recordó que ya desde hace más de un año se han interpuesto una serie de instrumentos legales para evitar que la administración municipal, con la participación del Gobierno estatal y la Junta Estatal de Caminos continúen construyendo sobre propiedad de ejidatarios que en ningún momento ha sido expropiada.
Detalló que “se presentó un juicio de amparo para tratar de detener la construcción del puente y dicho juicio nos otorgó la suspensión de plano, que es una figura jurídica en la que se detienen las cosas hasta que se resuelva […] se resolvió que el puente estaba inmerso en tierras ejidales”.
Luis Dorantes comentó que, luego de presentar el juicio de amparo, el Ayuntamiento capitalino presentó una defensa donde alegaba que se tenía derecho sobre las vías cercanas al periférico gracias al tiempo de ocupación, sin embargo un oficio entregado a través de un juzgado comprobó que el periférico nunca había sido expropiado y por tanto se incurría en una desatención de parte de la Junta Estatal de Camino.
“La suspensión de plano señalaba que se debía detener la obra, pero siguieron construyendo, esa violación es a derechos humanos, a derechos sociales y de vivienda, por eso mis clientes solicitaron el juicio político”, afirmó el abogado de los ejidatarios.
Refirió que, luego de que este pasado 15 de junio se aprobara la conformación de la comisión jurisdiccional, sólo queda espera a que se le notifique quiénes la integrarán: “los integrantes lo que harán es darle forma al juicio, al procedimiento, señalarán fechas para desahogo de pruebas, de comparecencia del alcalde y de su cabildo […] aunque en mi punto de vista, quienes tienen responsabilidades en dicho caso es el alcalde Xavier Nava Palacios y la síndico Alicia Nayeli, quien contestó diciendo que no se construía el puente, cuando sí”.
El representante de los ejidatarios celebró que se le diera continuidad al juicio político contra Nava Palacios ahora que se han terminado las elecciones, ya que “esto no es para entorpecer la carrera de alguien, esto es para la defensa de derechos humanos, eso fue muy acertado de parte del Congreso, detener las agendas de juicios políticos, hasta que se resolviera la jornada electoral”.
A pesar de que el juicio político contra Xavier Nava se presentó desde agosto del 2020, el mismo ha tomado tanto tiempo dentro de comisiones que podría ser tratado por la legislatura entrante, aunque enfatizó que “ya se votó la comisión jurisdiccional, que yo pensé que ya no iba a alcanzar, pero la idea es cerrar la agenda de esta legislatura, y como el juicio político está en su agenda, el tema podría ser tratado en este, pero en lo particular siento que no van a alcanzar y que quizá el proceso lo llevemos con esta legislatura, pero el fallo sea parte de la siguiente legislatura”.
Jorge Luis Dorantes agregó que los procesos de juicio político suelen tener como consecuencias la inhabilitación del cargo y la destitución de quien es encontrado responsable, así como una inhabilitación para cargos públicos de entre cinco y 20 años.
Finalmente, abundó que el juicio político se emprendió específicamente contra la administración capitalina, ya que esta fue la única que reconoció el acto como propio, a pesar de que la primera denuncia se presentó contra todas las autoridades involucradas.
