Por Victoriano Martínez
El Congreso del Estado ha acumulado en los últimos años la anulación de varias reformas y hasta leyes completas (como la Electoral) por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no haber consultado a grupos vulnerables o aplicar un “consúltelos, pero no les haga caso”. Hoy, el plebiscito promovido por ese órgano legislativo toma una ruta similar.
Por la forma en que le han regateado los recursos, es un hecho que los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) han desistido de exigir las condiciones óptimas para una verdadera consulta y han convertido el primer plebiscito de la historia potosina en un ejercicio de convocar a participar, pero obstruir la participación.
Los integrantes del CEEPAC no sólo han tenido que soportar la humillación de estimar el costo del plebiscito en 55 millones 844 mil pesos y tener que ajustarse a realizarlo con sólo 20 millones de pesos, a pesar de haber afirmado que con menos de 23 millones 901 mil 624.31 pesos sería imposible realizarlo, sino también la humillante entrega dosificada de los recursos.
Ante esa carencia y la urgencia con la que precipitan las acciones para que la votación se dé el próximo 24 de septiembre, conforme a la orden pública que les dio el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el CEEPAC ha dejado claro que lo que menos les importa es dar a la ciudadanía las mayores facilidades para participar y la información completa para una decisión de calidad.
Aunque el CEEPAC lanzó, un día después de aprobada la convocatoria al plebiscito, un micrositio dedicado a ese ejercicio democrático, en 17 días se ha limitado a señalar que los electores deben votar si están de acuerdo o no en que la Delegación de Villa de Pozos se convierta en municipio y publicaron el polígono de esa demarcación, el cual detallaron este fin de semana.
¿Es suficiente saber dónde se encuentra Villa de Pozos para decidir que sea o no otro municipio? A 18 días de aprobada la convocatoria, el CEEPAC ha omitido aportar a la ciudadanía información elemental para motivarla no sólo a participar en la votación sino a poder hacerlo con elementos suficientes para una decisión razonada.
¿Qué representa declarar un nuevo municipio? ¿Cómo le afecta/beneficia a la población que el lugar donde vive se convierta en municipio? ¿Cómo le afecta/beneficia a la población del municipio que perderá parte de su territorio? El CEEPAC ha perdido el 26.87 por ciento del tiempo para promover la participación en el plebiscito para dar a la ciudadanía la información pertinente para decidir.
¿Qué tipo de participación esperan los consejeros electorales si no aportan elementos para una decisión de calidad? La pregunta se vuelve alarmante si se toma en cuenta la frase que aparece en la página 16 de los Lineamientos para la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del plebiscito:
“La desinformación sobre el plebiscito podría ser un elemento que cause que la gente participe…”
¿No informan sobre lo que representa la decisión a la que convocan a tomar para no desalentar la participación? ¡Para Ripley!
La cantidad y ubicación de las pomposamente llamadas “mesas receptoras de opinión” (MRO) representa otra vía para obstruir la participación ciudadana.
La insuficiencia presupuestal, aparentemente, provocó que se definieran 151 unidades territoriales, copiadas de la Revocación de Mandato realizada el 10 de abril del año pasado. En 99 unidades territoriales se instalarán de a dos MRO, el 34 de a tres, en ocho de a cuatro, en cuatro de a cinco, en dos de a seis, en una de a siete, y en tres de a ocho.
El hecho es que los ciudadanos sólo podrán acudir a uno de los 151 sitios donde habrá mesas receptoras de su opinión. Al mes de junio el padrón electoral del municipio de San Luis Potosí era de 667 mil 750 ciudadanos.
Para que voten todos, a cada ubicación de casillas tendrían que presentarse 4 mil 442 electores, lo que representa que cada hora tendrían que votar 552, esto es, 9.21 personas por minuto.
O los consejeros electorales confían en que sus mesas receptoras de opinión tendrán capacidad de atender a un elector cada seis segundos y medio, o se trata de una medida obligada por las circunstancias presupuestales, o las dos cosas: “si hay dinero insuficiente, con estas MRO le damos batería a todos los electores”.
Sería muy grave que atrás de esa reducción de MRO estuviera un razonamiento del tipo “al cabo que no salen a votar todos” porque sería limitar la posibilidad de participación al ciudadano con base en un prejuicio que –por mucha estadística que lo respalde– rompería con la obligación de dar certeza de poder participar a todos quienes cuenten con credencial de elector vigente.
Agrupar varias secciones electorales en una sola unidad territorial presenta otro riesgo de obstrucción contra la participación. Un ejemplo:
La unidad territorial 82 combina secciones de la colonia El Paseo y del barrio de San Sebastián. La MRO se instalará en San Sebastián. La casilla de la sección 925, en El Paseo, se ubica a 378 metros en línea recta de la que se instala en la sección 926, donde se instalará la MRO.
Aparentemente no está lejos. Sin embargo, entre un punto y otro se interponen las vías del ferrocarril, por lo que llegar desde la casilla 925 a la 926 implica para los electores un recorrido que va de 1.75 kilómetros a pie, a poco más de tres kilómetros en vehículo por el sentido de la circulación de las calles.
Convocar a expresar una opinión determinante sin información sobre lo que implica y además dificultar acudir a la urna configuran una convocatoria muy poco democrática de invitar a participar con ganas de que sólo participen quienes respondan al interés del autoproclamado promotor de la municipalización: Ricardo Gallardo Cardona.
