Estela Ambriz Delgado
Mientras que en la Fiscalía General del Estado (FGE) están “extraviadas” las carpetas de investigación por el ecocidio de aves en el Sótano de las Golondrinas causado por las empresas Vidanta y Heliservicios Internacionales, en la Fiscalía General de la República (FGR) ya se logró que el caso sea canalizado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos, y Comunidades Indígenas, informó la abogada Rosa María Balvanera Luviano.
La representante de Barrio Unión de Guadalupe, que es donde se ubica el monumento natural en la comunidad tének de Tamapatz, municipio de Aquismón, indicó que los avances en la carpeta de investigación a nivel estatal son nulos, pues se argumenta que está “extraviada”, lo que evidencia que el estado trata de ser omiso.
No obstante, en la FGR se logró que la carpeta fuera canalizada a la Fiscalía Especializada, y este martes 7 de enero algunos estarán en la Ciudad de México para hablar con el Ministerio Público que lleva el caso para explicarle el giro que debe tener la investigación, por las violaciones y la apropiación indebida del patrimonio cultural de todo un pueblo indígena.
En este sentido, la abogada enfatizó que es necesario plantearlo de esa forma porque a algunos funcionarios se les olvida que el artículo 2 constitucional es claro cuando habla de que las comunidades son sujetos de derecho público y tienen sus propias autoridades, reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como autoridades civiles, que en este caso son quienes están dando fe de los hechos y los daños provocados por los helicópteros.
Finalmente, Balvanera Luviano subrayó que sería discriminante hacia esta comunidad que las autoridades tomaran en cuenta la opinión técnica de J. Romeo Tinajero Hernández, técnico académico del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, en lugar de considerar los hechos atestiguados por la asamblea, que constituye una autoridad civil.
