Fernanda Durán
La iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que propone una serie de consideraciones y sanciones en la legislación, contra quienes provoquen incendios que afecten áreas ecológicas o de infraestructura urbana y ecológica, fue turnada este martes a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado.
La propuesta incluye varias modificaciones sustanciales en relación con los delitos contra el patrimonio, el ambiente y la gestión ambiental.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el endurecimiento de las penas para quienes causen daño a bienes de valor científico, histórico, artístico, cultural, de servicio público, así como a bosques, selvas, pastos o cultivos. En el artículo 235, se propone que la pena de prisión pase de tres a diez años a cinco a diez años. La sanción pecuniaria se mantiene de 300 a mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quienes cometan este tipo de delitos.
El artículo 236 introduce un aumento en las sanciones cuando el daño se cause por medios como inundaciones, incendios, sustancias peligrosas o explosivos, elevando la pena de prisión a entre siete y 15 años, además de la multa que pasa de entre 300 y mil días a 500 y mil días valor de la UMA.
En el ámbito ambiental, la reforma también plantea penas más severas para aquellos que cometan delitos como el vertido ilegal de residuos de la industria de la construcción, la destrucción de ecosistemas, y el tráfico ilegal de recursos forestales.
En el artículo 294, la pena por descargar o depositar residuos de la industria de la construcción aumenta. Para quien descargue o deposite hasta tres metros cúbicos de residuos de la industria de la construcción, la pena de prisión pasará de uno a cinco años a cuatro a 15 años de prisión. La sanción pecuniaria se incrementará de 100 a 500 días UMA a 400 a 800 días UMA.
Para quien descargue o deposite más de tres metros cúbicos de residuos, la pena de prisión se incrementará de tres a seis años a siete a 15 años.
En el artículo 295, el castigo por causar daños a los recursos naturales, fauna, flora, ecosistemas, y la calidad del agua, se amplía de dos a seis años de prisión a cuatro a 15 años.
En el artículo 296, el castigo por transporte, comercio, acopio o transformación de madera en rollo o recursos forestales maderables en cantidades de hasta cuatro metros cúbicos pasa de uno a siete años de prisión a cuatro a diez años.
Dentro del artículo 297 la pena por causar incendios que dañen áreas ecológicas, contempla zonas como predios baldíos con vegetación susceptible a incendios o acumulación de basura, infraestructura ecológica urbana, así como zonas de pastizales y matorrales.
Las penas de prisión se incrementan de dos a cinco años a cinco a 15 años, la sanción pecuniaria pasa de entre 200 y 500 días a 500 y mil días de la UMA.
En el artículo 298 se aumenta la pena por el derribo, tala o daño a especies vegetales endémicas, en riesgo o en peligro de extinción, al pasar de tres meses a cinco años a cuatro a diez años.
Finalmente, en el artículo 299 el castigo por la extracción ilícita de materiales como suelo, tierra, piedra o cubierta vegetal también se endurece al ser de seis meses a cinco años de prisión para pasar de cuatro a 10 años.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia, que está presidida por la diputada María Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo (PT), afín al partido del gobernador Gallardo Cardona, el Verde Ecologista de México (PVEM).
La comisión está integrada en su mayoría por diputados de los partidos PT, Morena y PVEM, lo que podría facilitar un proceso legislativo en línea con las propuestas del Ejecutivo.
Esta reforma se presume con el objetivo reforzar la protección del medio ambiente y los recursos naturales en el estado, debido a las crecientes preocupaciones sobre el daño ecológico y los delitos que afectan al patrimonio cultural y ambiental de San Luis Potosí. Se espera que la iniciativa sea discutida en las próximas semanas.
