Por Victoriano Martínez
A partir de esta semana la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con una Fiscalía Especializada en Feminicidios, que atiende a una demanda hecha desde el pasado sexenio por víctimas colaterales de este delito y que forma parte de los avances, aún inconclusos, en cuestión de especializaciones dentro de ese organismo procurador de justicia.
Este mismo lunes 16 de enero, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito publicó en su lista de acuerdos la resolución a la revisión de amparo 119/2022 en la que se confirma que la justicia federal ampara y protege al quejoso en contra de actos del gobernador, la FGE y el Congreso del Estado.
Se trata del juicio de amparo 1365/2021, iniciado el 21 de diciembre de 2021, por la omisión del Congreso del Estado, del Ejecutivo Estatal y de la Fiscalía para la creación de una fiscalía especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados.
Actualmente la Fiscalía cuenta con seis fiscalías especializadas: en materia de derechos humanos; para la atención de pueblos y comunidades indígenas; en materia de delitos electorales; en delitos relacionados con hechos de corrupción; para la atención de la mujer, familia y delitos sexuales, y la recién decretada especializada en feminicidios.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a (omite el nombre del quejoso), contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Congreso del Estado de San Luis Potosí, para los efectos indicados en el considerando séptimo del fallo recurrido”, señala el acuerdo.
En el primer punto de los efectos de la sentencia se establece que se debe crear la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como una más de la FGE, “sin que autorice la posibilidad de que opere bajo la forma de Unidad Especializada y/o Delegación Especializada”.
En el segundo punto establece que se deben definir “las obligaciones y facultades legales de dicha Fiscalía Especializada, así como los requisitos para su integración, mismos que deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
El vencimiento del plazo para la integración de esta Fiscalía Especializada se menciona en el tercer punto, que fue el 25 de diciembre de 2017, para señalar que se debe considerar que a partir de esa fecha la nueva área tendrá que conocer de las denuncias que se hayan iniciado.
La sentencia fue emitida el 20 de abril de 2022 y recurrida ante el Tribunal Colegiado por el Poder Ejecutivo: Este lunes se publicó el acuerdo que resuelve y confirma el amparo a favor del quejoso, sólo con una acotación que, aunque aún no se publica, se menciona que tiene que ver con la atención a las denuncias.
Si bien la omisión que incumplió con los artículos tercero y sexto transitorios de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en cuanto a la armonización de la ley local la cometió la Legislatura LXII, los actuales diputados tienen la obligación de dar el seguimiento.
La FGE ya cuenta con seis fiscalías especializadas con la recién creada para atención a feminicidios. Los avances para garantizar especialización en temas sensibles han requerido de la presión social y hasta por la vía judicial que, para los casos de tortura y el control necesario al que debe someterse la autoridad, el Tribunal ya ha marcado la ruta.
