Fernanda Durán
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) dio a conocer los detalles sobre las irregularidades en Axtla de Terrazas, un caso que ha captado la atención tras la reciente revelación de que cinco ayuntamientos en San Luis Potosí presentan anomalías en su proceso de entrega-recepción.
Aunque el IFSE había evitado proporcionar información específica sobre estos municipios en días anteriores, ahora ha señalado la gravedad de la situación en Axtla del exalcalde morenista Gregorio Cruz Martínez, y donde entró la priista Clara María Castro Jonguitud.
El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, indicó que el exalcalde de Axtla no dejó recursos “ni para la nómina, ni para lápices” estos últimos tres meses del año, lo que ha dejado a la nueva administración en una situación crítica.
“No tenían ni siquiera la información financiera, los formatos de la entrega-recepción”, agregó, por lo que este problema dificulta la operatividad del nuevo Gobierno Municipal.
Axtla de Terrazas no es el único municipio afectado; según el IFSE, se han documentado irregularidades en otros lugares, incluidas denuncias de ocultamiento de información y allanamientos en inmuebles que ya habían sido entregados a las nuevas autoridades.
Lecourtois López mencionó el caso de San Vicente Tancuayalab, donde los funcionarios entrantes encontraron que “formatearon todos los equipos de cómputo”, dejándolos sin herramientas esenciales para llevar a cabo su trabajo administrativo ni la nómina para saber a quién depositar.
En el nuevo municipio de Villa de Pozos, aunque hubo algún tipo de entrega de inmuebles, se reportaron problemas similares, ya que los funcionarios entrantes señalaron que los bienes fueron revisados de nuevo tras la entrega oficial, lo que generó confusión sobre el estado real de los recursos.
Los alcaldes tienen un plazo de 30 días para presentar anomalías ante sus contralorías internas, lo que podría resultar en procedimientos de responsabilidad administrativa.
“El problema no es tanto el castigo de los salientes, sino que necesitan información para operar hoy”, enfatizó Lecourtois López.
En Axtla la situación se complica aún más debido a que la alcaldesa entrante llegó en medio de un contexto tenso, ya que su victoria se dio por un margen de un solo voto y el exalcalde había impugnado el resultado. A su entrada no tenían ni la información financiera.
El IFSE continúa monitoreando la situación en todos los municipios y se espera que se formalicen más denuncias a medida que las nuevas administraciones hagan valer sus derechos en el proceso de entrega-recepción.
“Los alcaldes entrantes llegan con su gente de buena fe, pensando que ya tienen cierta estructura, porque el primer nivel de gobierno es el que cambia totalmente, presidente, secretario, tesorero, contralor, no pueden hacer, no les alcanza para abarcar todo el tema administrativo”.
Finalmente, explicó que la Contraloría Interna tiene la autoridad para iniciar procedimientos que pueden concluir en sanciones graves, inhabilitaciones, multas o incluso denuncias penales si se determina que ha habido sustracción ilegal de información municipal.
