Carlos Rubio
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, firmó un contrato de promesa de compraventa para pagar 12 millones de pesos al ejido Rancho Viejo La Libertad como reparación de daño por la construcción de un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero, que supuestamente invadía sus tierras, sin embargo, el asunto aún se encuentra en litigio y no se ha acreditado la propiedad para los ejidatarios.
Enrique Galindo busca que el próximo viernes 26 de agosto de 2022, la Comisión de Hacienda Municipal le apruebe adquirir dicho terreno en donde se construyeron los puentes vehiculares del bulevar Antonio Rocha Cordero, en su cruce con las avenidas Río Españita e Industrias, durante la administración 2018 – 2021 con el apoyo del anterior gobierno estatal.
De acuerdo con documentos en poder de Astrolabio Diario Digital, con fecha del 20 de julio de 2022, el alcalde, así como la segunda síndico municipal, Maribel Lemoine Loredo, y el secretario general, Fernando Chávez Méndez, firmaron el contrato de promesa de compraventa con el comisariado ejidal del ejido Rancho Viejo La Libertad: Luis Moisés López Gallardo, presidente; Feliciano Morales Pastrana, secretario, y Juana Cerda Morales, tesorera.
En dicho documento, que además cuenta con un acta certificada el mismo día ante el notario público 33, Leopoldo de la Garza Marroquín, el Ayuntamiento y el Ejido acordaron celebrar un contrato de compraventa a más tardar el 31 de diciembre de 2022 por un total de 12 millones de pesos.
La séptima clausula señala que, el contrato será exhibido ante el Juzgado Octavo de Distrito, con la intención de que el ejido se desista del juicio de amparo 288/2020 que fue promovido debido a que los gobiernos de Xavier Nava Palacios y Juan Manuel Carreras López comenzaron con la construcción del puente vehicular que cruza con las avenidas Río Españita e Industrias, el cual supuestamente invadía sus tierras.
Como sustento para realizar la compraventa se mencionan dos documentos que obran en el expediente del juicio: un oficio emitido por el Registro Agrario Nacional y un peritaje realizado por el ingeniero Abraham Cárdenas Tristán; ambos refieren que la construcción del puente sí se encuentra dentro de la superficie del ejido Rancho Viejo La Libertad.
A pesar de ello, cabe señalar que únicamente son documentos de prueba dentro del expediente y la autoridad judicial aún no ha resuelto al respecto.
Con fecha de 3 de agosto de 2022, el abogado Jorge Luis Dorantes Puente, representante del ejido, exhibió ante el Juez Octavo de Distrito del Noveno Circuito un escrito con el que solicitó que el asunto se eleve a la categoría de cosa juzgada, bajo el argumento de que el contrato de promesa de compraventa repara el daño ocasionado por el Ayuntamiento (2018 – 2021).
“Solicito a su Señoría se sirva decretar el presente asunto como concluido, en razón a que el Acto Reclamado habría dejado de existir, por la oportuna reparación del daño”, señala el documento.
No obstante, el 15 de agosto el Juzgado publicó un acuerdo en el que determinó que no es posible catalogar el caso como cosa juzgada con la justificación de haber firmado un contrato de promesa de compraventa que repare el daño, ya que primero debe existir una sentencia que conceda el amparo en favor de la parte quejosa, “cuestión que evidentemente no ha surgido en el caso”.
Asimismo, el Juzgado explica que un análisis en el estudio de fondo determinará la existencia de la afectación señalada y, además, con esto, el juez indicará la forma en la que se reparará el daño o se restituirá el derecho violado.
“El caso debe continuarse con el trámite del juicio y de las incidencias hechas valer, para en su momento oportuno, analizar las constancias de autos y pruebas recabadas, a efecto de pronunciarse sobre la materia en reclamo”, describe el acuerdo.
La cuarta clausula del contrato de promesa de compraventa señala como condicionante que el Ayuntamiento deberá solicitar la aprobación del contrato al Cabildo, hecho que sucedió el 18 de agosto mediante un escrito del alcalde Enrique Galindo en el que pide a los regidores le autoricen comprar el inmueble al ejido por la cantidad de 12 millones de pesos.
Como justificación, Galindo Ceballos exhibe el mismo dictamen realizado por el ingeniero Abraham Cárdenas Tristán, el cual asegura que “acredita la afectación de la que fue objeto el inmueble”, una vez más sin que la autoridad judicial haya emitido sentencia al respecto.
Además, proporciona un avalúo emitido por Juan Carlos Haro Campos, que señala que el costo de inmueble es de 13 millones 416 mil 215.54 pesos, no obstante, más adelante detalla que, en platicas con el comisariado ejidal, aceptaron que el valor del inmueble fuera de 12 millones de pesos.
También dice que el tesorero municipal, Arturo Jaimes Núñez, emitió una opinión de suficiencia presupuestal para realizar un primer pago de 4 millones de pesos, a más tardar tres días hábiles después de que el Cabildo haya aprobado la compra; dos pagos de 2 millones de pesos cada uno, una vez que el ejido cumpla con sus condicionantes, y un último pago de 4 millones de pesos cuando se firme el contrato definitivo ante un notario público, según detalla el contrato de promesa.
De acuerdo con dicho contrato, para cumplir con sus condicionantes el ejido deberá celebrar dos asambleas: una en la que se autorice cambiar el uso de suelo del terreno de tierras de uso común a zona parcelada, y otra en la que se apruebe que los ejidatarios dueños de las parcelas adopten el dominio pleno de estas y puedan realizar la venta a favor del Ayuntamiento.
Destaca la clausula decima primera del contrato, ya que obliga al Ayuntamiento y al ejido a no divulgar ni proporcionar ninguna información relacionada con dicho documento, “salvo a sus consejeros jurídicos, abogados o contadores públicos, bajo pena de incurrir en responsabilidades civiles y/o penales, según corresponda”.
La Comisión de Hacienda Municipal que el próximo viernes se reunirá para analizar y, en su caso, aprobar la propuesta (que después se votará por el Cabildo) está presidida por la regidora Martha Orta Rodríguez, y se compone por los regidores: Gustavo de Jesús Mercado Garay, Aurora Zamora Vázquez, Edgardo Jasso Puente, Alexandra Daniela Cid González, Tania González Pardo, Alejandro Fernández Hernández, María de los Ángeles Hermosillo, Alejandro Casillas Torres, José Ángel Lara García, y los síndicos Maribel Lemoine Loredo y Víctor Hugo Salgado Delgadillo.
La inhabilitación de Xavier Nava y su Cabildo
El 18 de diciembre de 2021, el Pleno del Congreso del Estado aprobó inhabilitar al exalcalde Xavier Nava Palacios y a parte de su Cabildo, por no haber respetado una suspensión de plano concedida por el Juzgado y continuar construyendo un puente sobre el terreno que supuestamente pertenece a los ejidatarios de Rancho Viejo La Libertad.
La inhabilitación para ocupar cargos públicos fue impuesta por lapsos de entre tres y hasta los 18 años, siendo la sanción más alta para Nava Palacios.
Sobre esto, cabe señalar que el Congreso decidió imponer la sanción antes de que la autoridad judicial resolviera el juicio de amparo y determinara si existe una violación. Misma situación en la que pretende incurrir el alcalde Enrique Galindo Ceballos, al buscar comprar el predio por 12 millones de pesos como reparación de daño al ejido, sin que exista una sentencia que lo obligue a ello.
