Antonio González Vázquez
El Ayuntamiento de San Luis Potosí se sumó a las acciones legales en contra del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un comunicado de prensa emitido por la noche del martes, el gobierno capitalino que encabeza el priista Enrique Galindo Ceballos dio a conocer las acciones legales implementadas contra esa reforma.
“En el marco de sus atribuciones legales, la Sindicatura del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentó este día una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para preservar la libertad hacendaria y el principio de autonomía del Gobierno de la Capital.
Esta controversia busca dejar sin efecto para el municipio de la capital la reforma a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, mismas que acotan la autonomía municipal para el ejercicio del gasto público 2023.
Una vez que se ha presentado este recurso, se esperará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se acatará el fallo de la misma”.
Apenas la semana pasada, el gobierno del estado de Coahuila, así como el ayuntamiento de Saltillo, ambos en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una controversia similar.
A su vez, las dirigencias nacionales del PRI y PAN presentaron controversias al considerar que es inconstitucional.
Lo presentado por el Ayuntamiento se relaciona con la Ley General de Comunicación Social, pues con la reforma se restringe la autonomía municipal en lo tocante a la publicidad de acciones de gobierno.
