María Ruiz
Asociaciones y sociedad civil organizada informaron a través de una rueda de prensa sobre el amparo que promovieron en contra del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de la capital, el cual omitió la consulta pública a personas con discapacidad como lo obliga la ley.
En este sentido, señalaron que se interpusieron dos amparos, pero uno no de ellos no se pudo acreditar y se perdió.
Sin embargo, en este segundo juicio de amparo se acreditó la personalidad de las personas con discapacidad, por lo que el Juzgado Segundo de Distrito estudió el caso de fondo y analizó los diversos argumentos que presentaron.
En consecuencia, se resolvió que el PMD no se adecuaba a lo que marca la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, la cual especifica que a este sector de la población se le debe de consultar.
“Como no efectuaron ningún tipo de consulta, fue el porqué se presentó este amparo. La Constitución Política de México en su primer artículo señala y se plantea el principio de convención en donde todas las autoridades están obligadas a trabajar bajo las convenciones y tratados de derechos humanos”, explicaron.
Por lo que al no prestar atención a esta situación, el Juzgado Segundo de Distrito resolvió que no se acredita que el Ayuntamiento haya convocado a dicha consulta pública.
Además, las personas afectadas señalaron que las autoridades municipales han ignorado e invisibilizado la existencia de las personas con algún tipo de discapacidad y un ejemplo de ello es la ausencia de políticas públicas que le beneficie a este sector de la sociedad.
“Aquí en San Luis no nos toman en cuenta, nos dicen que no pueden porque somos sordos y a pesar de que nosotros nos informamos y nos preparamos”, dijo Ana Laura Millán Martínez, ciudadana afectada que promovió el amparo contra el PMD.
Aunado a esto, señalaron que en materia de movilidad no existen condiciones óptimas ni inclusivas para personas con discapacidad.
“Como personas con discapacidad motriz es muy difícil, porque la ciudad de San Luis Potosí no está adecuada para nosotros, no existen las condiciones para que nosotros nos movamos. Incluso no hay transporte público que pueda dar un servicio especial”, comentaron.
Por último, hicieron hincapié que este amparo es un recordatorio que expone que las autoridades municipales no saben manejar cuestiones de Derechos Humanos.
