Jaime Nava
Fernando José Barrera Guillén ex jefe de la Unidad de Información, Manuel Abraham Reinhardt Guerrero, ex coordinador de Auditorías Especiales y Abraham Payán Torrescano, ex contralor de la Auditoría Superior del Estado (ASE) buscan la protección de la justicia federal para evitar que se les hagan efectivas las órdenes de aprehensión en su contra derivadas de las denuncias penales que se presentaron por el desvío de 600 mil pesos a través de un proveedor fantasma.
Aparentemente los tres ex funcionarios de la ASE cuentan con la misma defensa legal pues el 22 de octubre presentaron al mismo tiempo sus respectivos amparos en contra de las órdenes de aprehensión que se habrían expedido dentro de la causa penal 797/2018 por lo que se les asignaron los números de expediente consecutivos: 1098/2018, 1099/2018 y 1100/2018.
A los tres se les concedió la suspensión provisional y se les fijó el pago de ocho mil pesos como garantía.
Fernando José Barrera Guillén, Manuel Abraham Reinhardt Guerrero y Abraham Payán Torrescano son algunos de los señalados como presuntos responsables de organizar un festejo navideño que nunca se realizó, pero que sirvió para desviar 600 mil pesos de la ASE, recursos que fueron justificados con facturas entregadas por un proveedor desconocido de nombre Francisco Benjamín Lozano Canseco cuyo domicilio fiscal se ubica en una casa en Aguascalientes donde habitan personas que aseguran no conocer al proveedor.
A pesar del escándalo generado, el propio Francisco Benjamín Lozano Canseco nunca se presentó públicamente para aclarar la situación; por el contrario, también fue utilizado para facturar miles de pesos con cargo al Congreso del Estado por el otrora diputado, dirigente del Partido Verde y hermano de uno de los acusados: Manuel Barrera Guillén.
Las audiencias incidentales dentro de los juicios de amparo se realizarán el 30 de octubre, mientras que las audiencias constitucionales se llevarán a cabo hasta finales de noviembre.
