Por Victoriano Martínez
La suspensión de las obras en el Barrio de San Miguelito por la vía de un juicio de amparo se suma a la lista de casos en los que la población tiene que defenderse, con protestas públicas y acciones jurídicas, de autoridades que en lugar de representarlos actúan en contra del interés general.
Esas obras también forman parte de los lamentables acontecimientos que han puesto a San Luis Potosí no sólo en la atención del resto del país, sino hasta internacional: a la violenta barbarie que exhibió Fernando Medina, alias El Tiburón, al agredir a un empleado de Subway, se suma la barbarie de trascabos del gobierno del Estado que destruyen el patrimonio histórico.
Son dos acontecimientos locales recientes que se han colado a la agenda informativa nacional por (de)méritos propios. Un tercero sería la Feria Nacional Potosina, aunque su difusión es más bien producto de un derroche de recursos públicos en promociones publicitarias que vuelven artificial su presencia, lo que contrasta con la opacidad con la que se desarrolló por segunda vez.
Que la población tenga que defenderse de intentos por imponer obras que afectan el patrimonio cultural y hasta ambiental no es nuevo. En marzo de 2018, una suspensión de amparo impidió que el entonces alcalde Ricardo Juárez Cardona pudiera iniciar la construcción de un puente a desnivel junto al templo de El Saucito.
En esa defensa del patrimonio ecológico, la organización Cambio de Ruta ha encabezado varios casos. En 2018, con un amparo impidió que el gobierno de Juan Manuel Carreras López, como parte de la construcción de dos brazos al Distribuidor Benito Juárez, derribara dos árboles que entre su valor ecológico se cuenta con que todavía hasta hoy son hábitat de garzas blancas.
También fue por la vía de un amparo logró impedir que se urbanizaran 6.8 hectáreas del Área Natural Protegida Camino a la Presa San José, que el Cabildo encabezado por Gallardo Juárez autorizó de manera ilegal el cambio de uso de suelo, que finalmente se revocó y fue motivo de una denuncia penal.
Más recientemente, Cambio de Ruta logró por la vía de amparo evitar la afectación de más de 800 árboles a lo largo de la avenida Himno Nacional, ante la intención del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona de eliminar el camellón de esa arteria para darle el mismo aspecto que tiene la avenida Chapultepec.
Apenas hace un mes y medio, la madrugada del pasado 12 de julio, los vecinos de El Saucito tuvieron que impedir por la vía de confrontar a policías y maquinaria que pretendían, en la oscuridad de la noche, dar madruguete con un segundo intento de construir un puente deprimido junto al templo, a pesar de que aún no había una resolución definitiva de un amparo.
Cada vez con mayor frecuencia la ciudadanía tiene que recurrir a los amparos contra acciones de gobierno que lesionan sus derechos colectivos que las autoridades deberían de proteger en lugar de afectar como lo hacen.
Una situación que da cuenta de que quien pide el voto para supuestamente representar a la población, apenas ocupa el cargo y traiciona la confianza ciudadana que se depositó en ellos, y la protesta que hacen para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
La forma en que se iniciaron las obras en el Barrio de San Miguelito, además de las ilegalidades al iniciarla sin proyecto ni licitación ni las autorizaciones requeridas, representa una violación al artículo 1º de la Constitución federal que ordena a toda autoridad promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Esas violaciones a derechos humanos dan a los vecinos de San Miguelito la opción de solicitar el amparo de la justicia federal, pero también a organizaciones como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS MX), organismo asociado con la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO), exigir la suspensión de la obra.
El gobierno de Gallardo Cardona no sólo atenta contra una zona considerada patrimonio de la humanidad, sino que pretende una obra con características que afectan al medio ambiente. Dos aspectos que generan un perjuicio global.
Que el día de ayer, ya publicado el acuerdo del Juzgado Sexto de Distrito que decreta la suspensión de la obra, se viera maquinaria que retiraba los adoquines de calles de San Miguelito sólo confirmó el poco respeto de la actual administración estatal por la legalidad… lo que difícilmente cambiará si no hay consecuencias.
