Óscar G. Chávez
En estos días nos damos cuenta que los potosinos, a propósito del asunto de tanque Tenorio, nos enfrentaremos a dos riesgos constantes y latentes: acabar convencidos por las mentiras constantes del gobernador y su secretario general de gobierno y morir ahogados por nuestras propias excreciones.
El segundo de los riesgos, aunque pudiera parecer una ficción literaria es una realidad, hace unos días se evidenció cómo la planta tratadora experimenta fugas, eso es lo de menos, si consideramos que en estos momentos no está funcionando como debiera; sólo una parte de las aguas negras producidas por la ciudad y el municipio vecino acaban siendo tratadas.
No hay mucho qué explicar, la incapacidad operativa de la Comisión Estatal del Agua y los berrinches del gobernador son los principales causantes de este problema. Mientras y en tanto no encuentren o constituyan una empresa a modo y con capacidad para operar adecuadamente en la planta tratadora, problemas de ese tipo y que afectan a todos los habitantes de la mancha urbana, seguirán ocurriendo.
También, lo más probable (y ahí un riesgo mayor) es que el gobernador y sus secuaces acaben constituyendo una empresa o sociedad al vapor, que tenga como finalidad disfrazar su funcionamiento y generarles pingües ganancias, más que en realidad dar un buen servicio de tratamiento, porque luego de que se corra la voz entre las empresas especializadas que el gobierno del estado de San Luis Potosí no cumple sus compromisos de pago, ¿qué empresa se arriesgará a ofrecer el servicio?
En búsqueda de una justificación que permita descargar culpas en otras personas o instancias, primero el gobernador culpó Veolia, la empresa operadora de la planta tratadora, de cobrar tarifas leoninas (ya establecidas con antelación), después se lanzó contra una entidad bancaria a la que acusó de daños al erario en contubernio con la empresa y, dado que ni la razón, ni la lógica ni la capacidad de convencimiento los asiste, el ignorante que se desempeña como general de Gobierno, seguro apelando a la imbecilidad colectiva de los potosinos, salió a decir que lo que en realidad acabó provocando todo esto, fue que el organismo intermunicipal de agua potable (Interapas) tenía una deuda con la planta tratadora, que no se pudo pagar y acabó en lo que ya todos sabemos.
La cosa, como se vé, es repartir culpas y buscar una salida a los actos arbitrarios del gobernador; no conozco hasta el momento un solo acto o decisión de los muchos malogrados por el gobierno de Ricardo Gallardo, en el que no se acabe culpando a otros y nunca aceptando una responsabilidad directa o indirecta. Infalibilidad política y administrativa.
Según Guadalupe Torres, el origen de la deuda tiene su origen en 2018, cuando el Interapas decidió suspender el pago de tarifas de saneamiento, por consiguiente se adeudaban 234 millones de pesos a la empresa operadora de la planta de tratamiento. Pero, no era el Interapas la instancia encargada de pagar a la empresa; los pagos los hacía gobierno del estado, de manera regular a través de una entidad bancaria. Es decir la muy mentada deuda entre Interapas y Veolia, es inexistente, no así entre el organismo y la Comisión Estatal del Agua; dicho de otra forma: culpar al organismo de agua potable de la salida de la empresa es una calumnia. Virtud muy practicada pero poco refinada en esta administración.
Queda claro que el ámbito en el que surge este señalamiento es en el de lo político, con el proceso electoral en puerta y con un margen razonable de duda en el posible resultado en las elecciones de la capital, es necesario nulificar la ya escasa popularidad de Enrique Galindo, de quien la respuesta fue acertada, pero creo que no lo suficientemente contundente como para evidenciar la realidad alterna en la que viven secretario general y gobernador.
Dentro de esa lógica, algo me lleva a suponer que de lograr mantenerse Galindo en la alcaldía estos problemas y muchos otros se incrementarán, en tanto que si la alcaldía acaba en manos de Sonia Mendoza, todos estos problemas que aquejan a la capital desaparecerán por arte de magia. Aquí, al igual que Juan Manuel Carreras, el único responsable es Galindo, por no haber (en aras de una cordialidad ficticia en beneficio de la ciudad) enfrentado, en el marco de lo administrativo, jurídico y político, al gobernador.
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