Adriana Ochoa
Factor sorpresa, descontón y llave “chinera”. Como los asaltos alevosos, crean dos nuevos impuestos y aumentan la tasa de otro. No se da tiempo ni a dialogar, para qué. Y un tibio Poder Judicial no podrá ni pestañear ante la reforma judicial local.
Para eliminar cualquier posibilidad de diálogo, críticas y contrapropuestas, el gobierno estatal decidió hacer de diciembre el mes de los ataques sorpresa a nuestro pusilánime Poder Judicial y al bolsillo de los contribuyentes.
La Segunda Guerra Mundial alumbró estilos militares que acabaron con las batallas a caballo, el enfrentamiento fuera de las ciudades y las trincheras. “Blitzkrieg”, o guerra relámpago, de fogonazo artero y bombardeo sin tregua a civiles. Se trataba de evitar el choque frontal, con unidades rápidas y la barbarie por delante.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, criticó a fin de mes la propuesta de la alcaldía de San Luis Potosí para cobrar el alumbrado público. Gallardo Cardona descalificó la propuesta y equiparó al alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos con… Porfirio Díaz (¿?). El mandatario, “dueño” en términos prácticos del Legislativo local, incluida la “oposición”, se llenó la boca contra todo lo que fuera más impuestos o derechos municipales.
Los municipios son responsables de proporcionar el servicio de alumbrado público. Más de mil cien ayuntamientos en el país cobran el Derecho al Alumbrado Público (DAP), con alcaldes del PRI, del PAN y de Morena. El cobro a los ciudadanos lo hace la CFE en el recibo de consumo y lo abona al pago anual que deben hacer los municipios por el consumo eléctrico de las luminarias. En el caso del ayuntamiento de San Luis Potosí, el cálculo fue superior a 150 millones de pesos anuales.
Desde luego, la iniciativa de cobrar el DAP no pasó. No se le abrió ni tiempo para dialogar el tema de manera razonada. En cambio, el gobierno Verde consiguió que la obsequiosa Comisión de Hacienda del Congreso aprobara una iniciativa para cobrar nuevos impuestos y aumentar el de hospedaje. Los argumentos son enternecedores.
Quizá para no quedar como un fanfarrón incongruente después de sus críticas al cobro del DAP, el Ejecutivo estatal no presentó las nuevas cargas fiscales en el presupuesto presentado al Congreso. O quizá se le ocurrieron después de ver cómo se afeaba el panorama financiero 2025 para el Estado con el presupuesto federal de Sheinbaum. En la narrativa oficial, una diputada verde, Patricia Aradillas, hizo la propuesta de más carga fiscal en la sesión para “analizar” la iniciativa de presupuesto estatal 2025.
La sesión de esa Comisión de Hacienda se realizó en el Museo Laberinto, para evitar testigos. En esa misma sesión, los diputados “analizaron” y votaron a favor de añadir los cobros, incluida la “opositora” Mireya Vancini, del PAN.
El pleno del Congreso aprobó un impuesto estatal con tasa del 3% a la venta de bebidas alcohólicas que, de acuerdo con el dictamen, podría llegar a significar una recaudación extra de más de 50 millones de pesos anuales. Para justificarlo, aseguran que lo recaudado iría a programas de salud y prevención de adicciones. Ya podrá empezar el gobernador por ponerle algún cimiento a los cinco hospitales de especialidades que prometió en campaña. O por lo menos reponer la pérdida de servicios por los experimentos de devastación presupuestal en Salud que la Federación ha hecho con el Hospital Central, de mal en peor.
Los diputados gallardistas, afines y conexos avalaron aplicar un impuesto de 3% sobre la enajenación de bienes para recaudar unos 150 millones de pesos anuales. El recurso irá “a programas de desarrollo social”, cualquier cosa que esto signifique en el estado de San Luis Potosí, desde despensas y uniformes escolares al reparto de iPhones a los “ahijados”, conciertos gratuitos de Luis Miguel y eventos populares con reconocidos berreadores de corridos tumbados.
La iniciativa aduce que la nueva carga no afecta a los más desfavorecidos porque no estarán obligados a tributar los que vendan patrimonio por menos de 750 mil pesos. Según la Sociedad Hipotecaria Federal, en el tercer semestre de 2024, el precio promedio nacional de la vivienda fue de $1,734,535 pesos, lo que corresponde al precio de una vivienda media. En un ejercicio de ilustración gruesa, si una vivienda media en San Luis se vende a ese precio, el vendedor debe pagar al gobierno de Gallardo más de 50 mil pesos.
Y una tercera novedad fiscal: aumento del impuesto sobre Servicios de Hospedaje que actualmente tiene una tasa del 3% y subirá al 4% para alcanzar una recaudación superior a los 15 millones de pesos adicionales. El anuncio causó el inmediato enojo de los hoteleros porque desde el inicio del gobierno gallardista no se sabe el destino de este impuesto, diseñado para la promoción turística. No hay política turística estatal, la Secretaría es una oficina de trueque político para aliados de segunda categoría y el sector es un de los más desatendidos por el gobierno actual.
No bien cerraba el Gobierno el bombardeo fiscal de pedradas para 2025, y echa la iniciativa para la reformita judicial potosina. El Congreso había anunciado que cerraba sesiones hoy domingo, pero en vista de la urgencia para sacar la elección local de juzgadores y autoridades judiciales, aplazan hasta el martes. Que no es reforma, es “armonización” con los cambios judiciales a nivel federal.
Por única ocasión, el período de función del cargo de Magistrados y Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que resulten electas en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, será de once años, no de doce, para efecto de que el proceso electivo se homologue al proceso electoral ordinario. Y se ajustan los tiempos de jueces y Magistrados de Disciplina Judicial. Tienen seis meses para despedirse del Poder Judicial local como lo conocemos.
La mejor manera de dialogar para el gobierno es no hacerlo. No le interesa. Por el contrario, oír a los gobernados y a otro poder, aunque sea tibio y cansino como el Judicial potosino, es una monserga evitable. “Blitzkrieg” básico a pedradas, lodo, descontones y artes de asaltante “chinero”. Del mismo modo que la delincuencia recurre a medios, modos o formas adecuados para asegurar la comisión de un delito, eliminando del todo o en parte las posibilidades de defensa. “Alevosía”, la llaman en derecho penal.
Dicen que el padre del “Blitzkrieg”, Adolf Hitler, padecía una incontrolable flatulencia, especialmente a partir del sitio de Stalingrado. Su médico, Theodor Morell, dejó constancia de las malas digestiones del Führer. Pese a las lavativas de manzanilla, la verdadera “bltzkrieg” ocurría en el retrete del líder nazi.
El alevoso acaba por apestar. Siempre.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
