Por Victoriano Martínez
Las deficiencias en la administración pública, simuladas o por una inaceptable incapacidad, abren siempre un espacio de oportunismo para prestadores de servicios que, desde el sector privado, se aprovechan de las relaciones con los altos funcionarios para acceder, casi siempre, a cantidades millonarias del erario.
El caso que presenta hoy Carlos Rubio exhibe cómo una parte del gremio de abogados es capaz de hacer a un lado la dignidad profesional con tal de que, en un juego de relaciones de conveniencia comercial, un personaje cercano a las máximas autoridades municipales obtenga beneficios injustificados.
De por sí en la atención a los asuntos jurídicos del Ayuntamiento se dobletean las áreas responsables. Dos sindicaturas con la representación jurídica de la autoridad municipal, como figura establecida en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica del Municipio Libre y en el Reglamento Interno tendrían que ser suficientes.
No obstante, se creó una Dirección de Asuntos Jurídicos como si éstos no fueran la materia de las Sindicaturas, o éstas estuvieran integradas por gente incapaz que requiere del apoyo de abogados adicionales. ¿Los síndicos y sus equipos no consideran ofendida su dignidad profesional por tener que contar con apoyo como si no fueran abogados?
Pero la cadena por demeritar el trabajo de esas áreas, en la actual administración municipal, no paró ahí. Resultó que desde la perspectiva del alcalde Enrique Galindo Ceballos, ni las sindicaturas dieron el ancho, y tampoco la Dirección de Asuntos Jurídicos, con sus 59 trabajadores adscritos.
Una especie de dictamen tácito sobre una deficiencia en esas dos áreas, expresado en la contratación de un despacho externo, el Bufete de la Garza, S.C., con un costo para el erario de 4 millones 350 mil pesos en 15 meses.
Un dictamen que ni siquiera requirió evaluar el desempeño de las dos áreas menospreciadas, porque se recurrió al Bufete de la Garza desde el primer día de la administración… y sin mediar trámites ni de licitación ni de adjudicación directa.
Es decir, no hubo necesidad de que los síndicos ni los funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos pudieran tener un periodo para demostrar su capacidad. Desde el principio se les consideró incapaces.
¿O será acaso que, desde antes de ese principio, el 1 de octubre de 2021, ya estaba negociado con José Mario de la Garza Marroquín contar con esa cartera por la vía externa como contraprestación al apoyo que dio en campaña a Galindo Ceballos? ¿Qué otro tipo de compromisos ha sembrado De la Garza Marroquín con el alcalde?
Si los síndicos y los funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos no sacan la casta para defender su trabajo en lo que vale y demostrar que no es necesaria esa asesoría externa, se explicaría por dos posibilidades:
Efectivamente aceptan que son inútiles, o acordaron ocupar el cargo con la condición de aceptar aparecer como inútiles y, por lo tanto, son partícipes del negocio redondo en que han convertido los asuntos jurídicos municipales.
De la Garza Marroquín es un abogado que en los últimos lustros ha tenido la capacidad de apuntalar sus negocios con distintas formas de activismo en el ámbito de la administración pública. Con el gobernador Fernando Toranzo Fernández encabezó el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para Adquisiciones y Contratación de Obra Pública, hoy ilocalizable.
En las últimas cuatro Legislaturas ha promovido una evaluación al trabajo del Poder Legislativo con el proyecto Congreso Calificado cuya metodología, a pesar de que se ajusta continuamente, no deja de incentivar las malas prácticas por las que en otras latitudes se ha descartado ese tipo de valoración al trabajo legislativo.
Desde 2013, De la Garza Marroquín preside la Fundación RENACE, que se define como una organización para “la defensa de los derechos humanos y en la mejora continua del acceso a la justicia efectiva en México, a través del trabajo jurídico, psicosocial y de reinserción social”. Su labor más conocida, y promocionada, es la liberación de presos que lo están por su condición de pobreza.
Hace ocho meses, RENACE difundió el documental “Me dicen el Potro”, sobre el caso de un personaje que fue apresado por coincidir su apodo con el de un delincuente. Destaca en el video la confesión de Jesús Martínez Rangel, director operativo de RENACE:
“En RENACE se hace de su expediente (del Potro), lo estudia, el equipo jurídico estudia su expediente, se dan cuenta de que sí hay posibilidades de poderlo defender, y a pesar de que no cumplía los requisitos de RENACE, en este caso hizo una excepción, en el caso de Alejandro, porque existían muchas posibilidades de que su caso fuera exitoso”, dijo. (Minuto 24)
En sentido estricto, se antepone al deber ser el tener la garantía de éxito. Sobre todo, un éxito que tenga utilidad para promoverse hasta con un documental.
¿Cuántas cosas del deber ser del abogado antepone un despacho como el de José Mario de la Garza Marroquín, que asume como propio el Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana de Abogados pero que sólo publica la portada en su sitio Web, para incurrir en denigrar el trabajo de sus colegas síndicos y de la Dirección de Asuntos Jurídicos?
Las deficiencias en la administración pública, simuladas o por incapacidad, abren siempre un espacio de oportunismo que alguien sin escrúpulos podrá aprovechar. El caso expuesto sobre José Mario de la Garza Marroquín parece ser un caso más… salvo que presenta indicios de que fue maquinado desde las campañas electorales.
