Por Victoriano Martínez
El conflicto de interés del despacho Bufete de la Garza S.C. al representar al Ayuntamiento y al mismo tiempo al complejo inmobiliario Gran Peñón no es el primero que se le conozca, en la última década del siglo pasado protagonizó otro que formó parte de una denuncia ante un tribunal de controversias por temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
El 13 de octubre de 1997, la empresa estadounidense Metalclad Corporation presentó una denuncia ante el Tribunal del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones de Acuerdo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque autoridades potosinas le impidieron indebidamente operar un confinamiento de desechos tóxicos en Guadalcázar.
El juicio terminó cuando el 26 de octubre de 2001, el gobierno mexicano pagó a la empresa estadounidense 16 millones 2 mil 433 dólares como indemnización y se firmó un contrato por el que se transmitió al gobierno federal la propiedad del predio que ocupa el tiradero, tras un litigio en el que entre los principales protagonistas figuró el Bufete de la Garza.
En el juicio, un papel protagónico
En su escrito de demanda, Metalclad Corporation ubica la incorporación del Bufete de la Garza al caso en enero de 1994, cuando José Mario de la Garza Mendizábal, director de la firma, les sugirió una reunión con él para ayudarlos a solucionar lo problemas con el entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta. Tras la reunión, inmediatamente les concertó una cita con el mandatario.
“En esos momentos, Metalclad cree que José Mario de la Garza Mendizábal estaba actuando a petición del Gobernador en un esfuerzo de éste por evitar la crítica pública de sus acciones referentes a Metalclad”, señalaron en su cronología.
No obstante, el Bufete de la Garza fue contratado por Metalclad dado que les ofreció “sus servicios legales como experto en el estado de San Luis Potosí y que a su vez podía remediar cuestiones controversiales con el Gobernador”.
En el expediente del juicio aparecen por lo menos tres motivos de inconformidad de la empresa con el Bufete de la Garza: (1) descubrieron que también prestaba servicios al gobierno estatal y a un hermano del secretario de Ecología; (2) acusaron a De la Garza Mendizábal de proponer un soborno de un millón de dólares al gobernador, y (3) de asesorar a una empresa que pretendía instalar un tiradero similar al que no pudieron operar los estadounidenses.
En la cronología de la demanda, Metalclad señaló que el 2 de abril de 1995 decidió terminar su relación con el Bufete de la Garza.
“Después de pagar honorarios por más de $70,000 (U.S.), los funcionarios de la compañía descubren que de la Garza proporciona servicios legales tanto al Gobernador como al hermano de Pedro Medellín, un serio conflicto de intereses que de la Garza nunca reveló a Metalclad. Los funcionarios de Metalclad creen que de la Garza puede haber infiltrado información confidencial al Gobernador”, señaló.
Un soborno que no se dio
Uno de los elementos en los que más se insistió entre los alegatos en los diversos documentos del juicio como muestra del conflicto de interés fue la supuesta pretensión de entregar un soborno de un millón de dólares al entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta.
En el expediente se menciona que Humberto Rodarte Ramón, a quien identifican como “alto funcionario ambiental federal en San Luis Potosí”, como testigo de Metalclad “sostuvo en su primera declaración que el despacho sugirió a Metalclad sobornar al gobernador para ‘convencerlo’”.
Como respuesta, De la Garza Mendizábal aseguró que fue Grant Kesler, por parte de Metalclad, quien le sugirió sobornar al gobernador y no a la inversa.
“El entonces asesor jurídico de Metalclad en San Luis Potosí, el Lic. de la Garza, testifica que después de la fallida apertura, a finales de abril de 1995, Grant Kesler le comunicó la idea de ofrecer un soborno de 1 millón de dólares al gobernador a cambio de su apoyo para la apertura del confinamiento. El Lic. de la Garza se negó y posteriormente renunció a la representación de Metalclad”, se mencionó en una enumeración de hechos dentro del juicio.
En su respuesta, la representación de Metalclad consideró inverosímil la versión del titular del Bufete de la Garza por las repercusiones que tendría para el propio Kesler incurrir en una falta como esa, por estar sujeta a penas federales que terminarían con su carrera.
“Dado el entrenamiento legal y la experiencia en los negocios del Sr. Kesler –aún que fuera corrupto–es poco probable que tomara los riesgos que implica una violación tan flagrante y pueril de la Ley. El que el Sr. Kesler hubiera confiado en el Sr. De La Garza con tal tarea es igualmente improbable”, señalaron.
Los representantes de Metalclad hicieron una consideración adicional sobre las razones del conflicto de interés al indicar una de las posibles motivaciones de De la Garza Mendizábal.
“Compuso su fábula para que diera un reflejo positivo de él, pero para estándares de muchos sistemas legales, sus revelaciones serían alarmantes. Su subsecuente tratamiento favorable por el Gobernador Sánchez Unzueta sugiere que De La Garza logró su misión inmediata. (El Sr. de la Garza, mientras continuaba recibiendo una paga de Metalclad, fue designado como un Juez Electoral)”.
En aquel tiempo, De la Garza Mendizábal ocupó el cargo de fiscal especializado en delitos electorales. En su declaración dentro del juicio, dijo que aceptó porque la nominación era un honor y aseguró: “eEstoy seguro que las razones para mi designación nunca estuvieron relacionadas a mi posición como abogado de Metalclad”.
La inercia que dejó aquel conflicto de interés
Como parte de la demanda, Metalclad aseguró que después de haber sido su representante, el Bufete de la Garza se involucró en al menos dos asuntos que tuvieron que ver con el cierre de las posibilidades de trabajar con su confinamiento de desechos peligrosos.
“Para ahondar más en “el conflicto de intereses” existente, el abogado de la Garza Marroquín representó los intereses del municipio de Guadalcázar, y fue quien promovió el amparo contra el Acuerdo Federal y que ocasionó el cierre de las instalaciones”, mencionaron en su cronología.
Presentaron además un testimonio de Grant Kesler en el que aseguró que Pedro Medellín Milán formó un grupo de empresarios con nueve compañías de construcción, encabezados por Samuel de Jesús González y Eugenio Sánchez Soler, para para presuntamente construir y operar un confinamiento de residuos peligrosos.
Kesler aseguró que el 15 de agosto de 1995 nació oficialmente la Sociedad Promoción y Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V. (Prodin), la empresa que buscaría sustituir a Metalclad con un nuevo confinamiento.
“El abogado de esta nueva Compañía es el Lic. José Mario de la Garza Marroquín, antiguamente abogado de Metalclad” afirmó. En esta parte del documento se menciona a De la Garza Marroquín y no a su padre.
Por parte de la empresa Prodin, testificaron en el juicio Samuel González y Eugenio Sánchez Soler quienes presentaron documentación para evidencia que la empresa se constituyó para poder competir por proyectos de gran escala como la construcción de plantas de tratamiento de agua en la ciudad de San Luis Potosí y un tramo de la carretera de El Huizache a la capital del estado.
Metalclad logra indemnización
En su demanda, Metalclad exigió una indemnización por parte del gobierno mexicano por 130 millones de dólares por violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte al no haberle otorgado a la inversión de Metalclad un trato justo y equitativo acorde con el derecho internacional, y haber adoptado medidas equivalentes a una expropiación.
El 30 de agosto de 2000, el Tribunal dio la razón en parte a Metalclad y fijó la indemnización en 16 millones 685 mil dólares. El gobierno mexicano impugnó el laudo ante la Suprema Corte de Justicia de Colombia Británica, Canadá.
La Corte canadiense desechó parte del laudo pero mantuvo la determinación de que el decreto del gobernador Horacio Sánchez Unzueta con el que se declaró reserva ecológica la zona donde se ubica el confinamiento, constituyó una expropiación indirecta de la inversión de Metalclad.
El conflicto se dio por concluido el 26 de octubre de 2001, cuando el gobierno federal y Metalclad firmaron un convenio mediante el cual se pagó una indemnización por 16 millones 2 mil 433 dólares y también se firmó un contrato por el que se transmitió al gobierno federal la propiedad del inmueble donde se encuentra el tiradero de desechos peligrosos.
BUFETE DE LA GARZA Y EL CASO METALCLAD (Fragmentos del expediente sobre el juicio del caso Metalclad)
Consulte aquí la ficha técnica del caso Metalclad Corporation contra los Estados Unidos Mexicanos. cuenta con vículos a todos los documentos del caso.
