Por Victoriano Martínez
El Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito suspendió, por falta de quorum, una asamblea en la que se tenía previsto un acuerdo “respecto a solicitudes para la aceptación y/o reconocimiento de la calidad de avecindados de un grupo de personas”.
“Por ser esta primera convocatoria, se les comunica que la asamblea se celebrará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los comuneros legalmente reconocidos que concurran”, señala la invitación enseguida de los 10 puntos del orden del día.
Al salón donde se realizaría la asamblea llegaron sólo unos 120 comuneros de los 344 con derecho, en su mayoría de la tercera edad, a pesar de las medidas establecidas por la contingencia sanitaria. Al no lograr el quorum necesario, se reprogramó la asamblea para el próximo domingo 4 de octubre a las 10 de la mañana.
En torno al salón previsto para la reunión hubo vigilancia policíaca, así como la presencia de personas identificadas por algunos de los comuneros inconformes con los planes de urbanización en sus terrenos como grupos de choque.
La frustrada asamblea de este domingo se habría dado en el contexto en el que se conoció extraoficialmente el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) que autoriza parcialmente el proyecto de urbanización Las Cañadas, en la Sierra de San Miguelito, dentro de la Comunidad de San Juan de Guadalupe.
Además del PMOTDU –turnado al Cabildo para su aprobación–, se encuentra en proceso la definición del perímetro que abarcará el Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito iniciado el 24 de mayo de 2019 por instrucción presidencial en la Plaza de los Fundadores, sobre el que, el 2 de mayo de este año, la Comisión Nacional de ANP (CONANP) dio a conocer un avance.
“La declaratoria de la Sierra de San Miguelito como ANP busca la conservación de la biodiversidad y la permanencia de los servicios ambientales en beneficio de las comunidades aledañas y los ciudadanos, como son la captación y abastecimiento de agua para casi un millón de habitantes, así como la preservación del patrimonio cultural y paisajístico”, señaló CONANP en un comunicado.
Desde que en mayo de 2019 se inició el procedimiento para la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito se han mencionado distintas superficies que abarcaría la declaratoria.
El estudio del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología que envió la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental como parte de la petición para que se analizara el polígono de la declaratoria se incluían poco más de 63 mil hectáreas.
En diversos foros académicos y de activistas en defensa de la Sierra de San Miguelito se propuso una superficie de más de 87 mil hectáreas, en tanto que el 6 de marzo, en la Mañanera transmitida desde aquí, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la superficie a proteger abarcaría más de 100 mil hectáreas.
En la imagen que la CONANP compartió el 2 de mayo aparece un perímetro trazado en negro que, de acuerdo con personas allegadas a esa Comisión, corresponden a las más de cien mil hectáreas mencionadas por López Obrador y que prácticamente coinciden con los resultados del estudio presentado ese día por el equipo técnico-científico de la UNAM campus Morelia.
En el comunicado, la CONANP anunció que “en breve iniciarán los acercamientos para la sensibilización de los 35 núcleos agrarios que abarcan la superficie propuesta para la creación de esta nueva ANP Federal”.
Astrolabio Diario Digital tuvo acceso a uno de los formatos de consulta que forman parte de esos acercamientos. El documento señala en su encabezado como título “Formato Diagnóstico de Conflictos o Problemáticas Medioambientales”.
El formulario solicita a quienes convocaron a participar la descripción ocho rubros, entre los que se encuentran “Tipo de Conflicto”, “Descripción/Diagnóstico del conflicto”, “Ámbito de competencia / Nivel de Responsabilidad”, “Actores involucrados o Identificados” y “Nivel de riesgo estimado”.
La consulta de la CONANP forma parte del contexto en el que se dio el intento de la asamblea de comuneros de este domingo. En el formato entregado a la CONANP por una organización ligada a los conflictos de la Comunidad de San Juan de Guadalupe advierten sobre un nivel de riesgo alto de conflicto social, territorial, ambiental e hídrico en esa zona.
Mencionan que “la Procuraduría Agraria Nacional estableció mediante oficio No. DGJRA/DAAPP/0435/2019, de fecha 29 de mayo del 2019, suscrito por la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria que las inmobiliarias en ejidos y comunidades son ilegales”, como respuesta a una consulta sobre el proyecto Las Cañadas.
Advierten que el proyecta Las Cañadas ha provocado confrontación entre los comuneros de San Juan de Guadalupe, ya que “en un periodo de 10 años, se han incorporado como comuneros cerca de 40 empresarios o personas que representan sus intereses”. Algo similar a los que se pretendió realizar este domingo.
En el documento señalan como “autoridades gestoras del proyecto inmobiliario” al gobernador Juan Manuel Carreras López, al alcalde Xavier Nava Palacios y a la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Yvet Salazar Torres.
En la “Descripción/Diagnóstico del conflicto”, el grupo que llenó el formato de consulta de la CONANP señala que Carreras López “ha presionado para excluir de la propuesta federal dicha área pretendida por el grupo inmobiliario Cañadas y/o Reserva”.
