Angélica Campillo
El diputado integrante de la LXIII Legislatura, Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa que busca reformar la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí a fin de someter al gobernador a una consulta de revocación de mandato, tal como sucedió a nivel federal.
Guajardo Barrera explicó que esta iniciativa se trata de una reforma constitucional, donde se tiene que incluir en la Constitución Política local la figura de la revocación de mandato, ya que si bien hasta la fecha no existe, es una obligación para todas las entidades del país, luego de que a nivel federal fuera aprobada en el año 2019.
De acuerdo con el legislador, se presenta esta figura de revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana que permita la conclusión anticipada del desempeño del cargo de gobernador de San Luis Potosí, a partir de la pérdida de confianza del pueblo.
El diputado explicó que al aprobarse esta reforma, ya puede aplicarse al actual mandatario estatal, planteándose a solicitud de los ciudadanos y ciudadanas, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, correspondientes a por lo menos 30 municipios y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellos, y no tiene que cruzarse con ninguna elección local o federal.
Será el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) quien convoque a la consulta respectiva dentro de los siguientes treinta días que se reciba la solicitud, y verificar que se cumplan con los requisitos señalados.
Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores; la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.
Guajardo Barrera estimó que esta iniciativa que fue turnada a la comisión especial para la reforma político electoral, que para el próximo mes de septiembre tiene que haber sido aprobada.
