Buscan sancionar a autoridades que impidan acceso al Fondo de Víctimas en SLP

Fernanda Durán

El diputado Edmundo Torrescano Medina presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar que los recursos del “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” para víctimas tenga una oportuna entrega y aplicación de los recursos, sin que perciban una reducción como ha ocurrido en los últimos años.

La iniciativa propone agregar un párrafo al artículo 135 de la ley, la cual establecería que las autoridades que impidan dar cumplimiento a las ministraciones del fondo en la fecha y montos establecidos, serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

De acuerdo con el diputado, esta propuesta surge debido a casos que ha conocido por la negativa de dar este recurso a las víctimas bajo la excusa de falta de presupuesto.

Según datos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas de Personas (CEEAV), el número de víctimas del delito y violaciones a derechos humanos ha ido en aumento en los últimos años: en 2022 se registraron mil 538 víctimas; en 2023 paso a mil 662 víctimas, y en lo que va de 2024, se registran 279 víctimas.

En contraste con el aumento de víctimas, el presupuesto del fondo estatal para víctimas ha disminuido: para 2022 se le asignaron 10 millones de pesos, en 2023 redujo a 4 millones 800 mil pesos y para 2024 solo se etiquetaron 4 millones 450 mil pesos; por lo que se busca revertir esta tendencia y garantizar que las víctimas tengan acceso a los recursos que les corresponden por ley.

Actualmente la ley señala en el citado artículo que el Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda Inmediata, así como la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas, además de que la aportación del Estado al Fondo se deberá efectuar a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

La iniciativa fue turna la Comisión de Vigilancia para que sean analizada en próximas reuniones de la comisión.

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