Alejandro Rubín de Celis
Dirigentes de organismos empresariales atacan por dos frentes en busca de la aprobación de los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP), y de asegurar el cambio de uso de suelo en 5,700 hectáreas de la Sierra de San Miguelito (SSM) y en otras zonas del valle de San Luis Potosí. Uno es la aprobación en comisiones y después en Cabildo de ambos documentos, y el otro es mediante su intromisión en la elección del candidato del PAN a la gubernatura del Estado.
El acuerdo que amarraron dirigentes de la Alianza Empresarial ─que responden a intereses y presiones de desarrolladores inmobiliarios─ con la coordinación de regidores del ayuntamiento de la capital y el dirigente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar, finalmente se frustró pues, aunque lograron que se realizaran tres mesas de trabajo la semana pasada para “avanzar” en el análisis de los programas, no consiguieron que el pasado 4 de enero se reunieran para aprobarlos las comisiones unidas de Alumbrado y Obras Públicas; Desarrollo, equipamiento Urbano y Catastro; Derechos Humanos; Gobernación; y Participación Ciudadana, y menos que lo hiciera también el Cabildo dos días después, lo que desató la ira de algunos líderes de organismos empresariales, en especial del dirigente estatal de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, y del líder de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo.
En su obstinación porque se aprueben los documentos rectores del desarrollo municipal y a sabiendas de que se violarían al menos dos amparos, el principio constitucional de congruencia con los planes estatal y federal, el compromiso de la autoridad municipal de esperar a que la federación haga la declaratoria oficial del Área Natural Protegida de la SSM, y de que aún está vigente el Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez, los empresarios promotores de la autorización, algunos regidores, la síndica Alicia Nayeli Vázquez y el presidente municipal interino Alfredo Lujambio Cataño, que son afines al alcalde con licencia Xavier Nava Palacios ─hoy precandidato del PAN a la gubernatura del estado─, han conseguido que se convoque para el día de hoy a las comisiones involucradas en busca de que autoricen ambos programas.
Como parte de la estrategia y en franca violación al artículo 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre ─que establece que “Las comisiones… podrán ser modificadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo”─, el alcalde interino destituyó a la regidora disidente Verónica Rodríguez como presidenta de la Comisión de Gobernación para hacer posible la aprobación de los programas en comisiones. La regidora se dice víctima de “pasiones electorales” e intereses inmobiliarios.
Ante la sospecha de que un grupo de poderosos fraccionadores está ofreciendo a miembros del Cabildo terrenos y otros beneficios a cambio de su voto en comisiones y en el propio Cabildo, la organización ambientalista Guardianes de la Sierra de San Miguelito solicitó anteayer al dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano, que conmine a los regidores de ese partido, Mireya Cerino Zapata y Ángel Manuel Reyna, para que, en congruencia con los postulados de la 4T y el compromiso presidencial de que la SSM “no se toca”, voten en contra de la aprobación de los programas. Ayer, ambos regidores se pronunciaron a favor de la preservación de sierra. Otra agrupación ambientalista, denominada Comunidad de San Juan de Guadalupe en Resistencia, calcula que con el voto en contra de los regidores de Morena la autorización de los documentos no pasará.
No hay duda, algunos dirigentes empresariales y miembros del Cabildo van con todo por la aprobación, pero tendrán que atenerse a las consecuencias si se atreven a dar el paso. No sólo van contra normas legales y constitucionales, sino contra el interés general que es el de mantener los enormes servicios ambientales que proporciona la Sierra de San Miguelito y salvaguardar la condición que mantienen tierras y viviendas que se busca afectar en las inmediaciones de la ciudad para beneficio de grandes desarrolladores inmobiliarios.
En el otro frente, líderes empresariales se impusieron a la dirigencia estatal del PAN y lograron el Pacto de Unidad Política por San Luis Potosí entre los tres aspirantes de ese partido a la gubernatura. Otra vez Julio César Galindo Pérez pero ahora en coordinación con el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Castanedo de Alba, y el político-empresario del PRI, Teófilo Torres Corzo, que estuvieron en el evento como supuestos testigos.
¿Cómo pudo permitir la dirigencia estatal del PAN semejante intromisión? ¿Acaso no son capaces de resolver sus asuntos internamente y permiten que organismos y personas externas se entrometan en una decisión tan importante como la elección de su candidato a la gubernatura del estado? ¿Y cómo pudieron prestarse los precandidatos a ese juego?
¿Por qué estaba ahí precisamente el líder de los constructores y no el de otra cámara u organismo empresarial? ¿Por qué atestiguó el convenio un exsenador del PRI? Algunos pensarán que iba como representante de su partido, el cual forma parte de la coalición Sí por San Luis en la que también participan el PAN, el PRD y Conciencia Popular, pero, ¿por qué, si el PRI todavía ni elige a su abanderado, ni hubo representante de los otros partidos, ni se ha pasado a la siguiente etapa para elegir al candidato de esa alianza electoral? La razón de fondo tiene que ver con que Teófilo Torres Corzo es nada menos que uno de los inversionistas del poderoso grupo de empresarios que busca urbanizar la Sierra de San Miguelito.
Los representantes empresariales estuvieron ahí para dejar el mensaje de que, cualquiera que quede como candidato ─aunque se dice que al que apoyan es a Xavier Nava a quien presuntamente los desarrolladores respaldaron desde su candidatura a la presidencia municipal─ debe apoyar los mega proyectos contemplados por los fraccionadores para los próximos años, entre los que está la magna obra conocida como Las Cañadas.
Hoy es un día crucial en el que quienes conforman las comisiones unidas y que tienen clara conciencia de la importancia de conservar el medio ambiente ─que la deberían tener todas y todos pero es sabido que no es así─, tienen la enorme responsabilidad de votar en contra de la aprobación de los programas de desarrollo territorial, haciendo a un lado presiones e intereses personales o de grupo, y que hagan lo propio los miembros del Cabildo en caso de que el tema suba a ese órgano de gobierno para su votación. De ser así habrán honrado su compromiso de defender el interés general; de lo contrario, pasarán a la historia como quienes traicionaron la confianza que los electores les dieron en las urnas.
