Por Victoriano Martínez
Hoy se cumple un año de la revelación de la ecuación corrupta en el Congreso del Estado.
A 365 días, el saldo de la indignación que provocó, con movilizaciones en las que se vieron protestar juntos a grupos tan disímbolos como los comerciantes establecidos y los ambulantes, muestra más una clase política a la que las demandas ciudadanas le resultan una molestia contra la que cierran filas para desalentarlas.
Las movilizaciones tras la indignación inicial tuvieron sus efectos:
El surgimiento del Frente Ciudadano Anticorrupción con un desplegado con cientos de firmas y el apoyo de un numeroso grupo de organizaciones empresariales, de profesionistas y ciudadanas.
Una aparente limpia en la Auditoría Superior del Estado con la renuncia del titular, José de Jesús Martínez Loredo y de 18 de sus funcionarios cercanos, además del despido de 80 comisionados recomendados como cuotas de los diputados.
El rechazo de los informes finales de auditoría a las Cuentas Públicas 2016 de los 113 entes fiscalizables.
La licencia presentada por tres diputados –Oscar Bautista, José Guadalupe Torres y Enrique Flores, el protagonista de la revelación.
El empujón que faltaba para que las iniciativas para la desaparición del fuero se dictaminaran de manera favorable.
Pero las consecuencias aún son la principal deuda tanto por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) como de la Procuraduría General de Justicia hoy en transición a Fiscalía.
Las renuncias y despidos en la ASE con jugosas liquidaciones de por medio no representan ningún castigo a lo irregulares que, al darse, se reconoció que eran las actuaciones de esos funcionarios y las asignaciones de plazas de comisionados.
El desafuero de Enrique Flores antes de que entrara en vigor la desaparición del fuero para someterlo a un proceso judicial que lo mantiene en libertad es la mayor consecuencia en contra de los protagonistas de la ecuación corrupta.
Si bien la indignación provocó los efectos ya mencionados, no alcanzó para que la presión ciudadana provocara mayores consecuencias en contra de quienes se revelaron como corruptos.
A pesar de ello, la inercia de esa indignación dejó acciones por parte del Frente Ciudadano Anticorrupción como tal y otras por parte de algunas de las agrupaciones que lo integran, como Ciudadanos Observando y Ganemos, que han investigado los alcances que tiene la corrupción al interior del Congreso del Estado.
Se trata de investigaciones que han documentado y denunciado redes de corrupción que involucran a los 27 diputados y van más allá del Poder Legislativo, además de denuncias de actos de corrupción muy documentadas en contra de los alcaldes de San Luis Potosí, Ciudad del Maíz y San Martín Chalchicuautla, sin que la Fiscalía dé señales de que haga su trabajo.
Una reacción ciudadana que, aunque no sea una indignación escandalosa, si se una indignación que documenta y empuja para que la corrupción sea sometida a control.
La respuesta de la clase política ha sido el cinismo expresado en la falta de actuación por parte de la ASE y la Fiscalía, pero también con expresiones extremas como la de Oscar Bautista Villegas quien, a pesar de ser uno de los protagonistas del escándalo que abrió la podredumbre total de la clase política, hoy hace campaña para convertirse en diputados federal.
Tan descarado es su apego a medrar del erario, que anuncia que “gane o pierda”, el 9 de junio volverá a su curul en el Congreso del Estado. Mayor ejemplo de que, así se pueden acumular cientos de denuncias ciudadanas documentadas sobre su fechorías, a ellos nada los va a hacer que suelten el botín en que han convertido los recursos públicos.
Una acumulación de casos de corrupción que, si lo consideramos a un año de la revelación de la ecuación corrupta que se creía sólo dentro del Congreso del Estado, muestra una red de protección entre la clase política, con la confabulación de quienes tienen la función de sancionarlos, y ésta con el aval necesario del titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Juan Manuel Carreras López.
