De las últimas recomendaciones giradas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos dos de ellas, cuyo destinatario ha sido el Procurador General de Justicia del Estado, refieren casos en los que queda constancia de la forma en la que se procuró la justicia durante el sexenio torancista, que afortunadamente está por concluir. Lo que de por sí debe ofrecer una expectativa de un cambio en ese renglón en San Luis Potosí y no porque llegue Juan Manuel Carreras López, sino por la simple transición.
Uno de las recomendaciones fue la 24/2015, en la que el organismo acreditó circunstancias irregulares en la dependencia, cuando al frente de ella estuvo a cargo del ahora diputado federal Cándido Ochoa Rojas y apenas estaba por cumplirse el primer año de la gestión de Fernando Toranzo Fernández.
El 31 de agosto de 2010, en Ciudad Valles, desapareció la esposa y las dos hijas del militar Diego Santiago Pazarón, quien al día siguiente reconoció el cadáver de su cónyuge, y días después el de una de sus hijas de apenas dos meses de nacida. La otra hija sigue en calidad de desaparecida.
El cabo conductor del ejército sospecha que fue un acto de represalia del crimen organizado, de lo que no cabría la más mínima duda. El problema es que la actuación del personal responsable de la procuración dejó mucho que desear y, lo más grave, aparentó complicidad.
Denunció haber recibido mensajes en su teléfono celular indicándole que tenían a su familia y el aparato fue extraviado por el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Zona Huasteca. Le extrajeron una muestra de saliva. Al paso de unos meses fue desechada porque no había manera de conservarla.
Dos años después, el 6 de septiembre de 2013, el Visitador General de la Procuraduría informó a personal del organismo del inicio del procedimiento administrativo con motivo del extravío del aparato de comunicación.
Por si fuese poco el militar fue sujeto de sospecha y el representante social ordenó someterlo a una prueba de polígrafo, con la finalidad de determinar si no mentía. Aparte el Ministerio Público envió a personal a su cargo a realizar pruebas periciales el domicilio de la víctima y aseguró el inmueble.
En resumen, declaró el cabo en un medio informativo de la ciudad de México. “Me dijeron que no le moviera”.
La recomendación 26/2015 puso de manifiesto otra de las torpezas de las autoridades, incluida la Procuraduría General Justicia, en específico de actos u omisiones acontecidos durante la gestión de García Covarrubias. La desatención causó hace dos años un feminicidio en Tamasopo.
La mujer acudió a poner la denuncia a la agencia del Ministerio Público de ese municipio y el representante social programó una audiencia conciliatoria sin dictar ninguna medida de protección para que cesarán las agresiones en contra de la víctima, que posteriormente acudió con el síndico municipal y al DIF municipal.
La recomendación es muy clara: “la actuación de toda autoridad debe tener como objetivo principal el respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos de cualquier persona; por tanto, esta Comisión hace hincapié en la necesidad de que los servidores públicos cumplan con el deber que les exige el cargo público, que lo realicen con la debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos”.
“La falta de atención oportuna de las autoridades colocó a la víctima en una situación vulnerable, ya que no se le brindó una atención integral e institucional” y “la falta de acciones para la protección de su integridad ante eventos de violencia, originó que sufriera una nueva agresión y perdida de la vida”, remató.
Estas son apenas dos muestras de la manera en qué se condujo la procuración de la justicia durante el sexenio que está por concluir, tanto bajo el mando de Cándido Ochoa como de Miguel Ángel García Covarrubias, responsables directos de ambos casos, respectivamente, tanto de lo que hicieron o dejaron de hacer.
