Covarrubias y Toranzo se van y Diego sigue esperando justicia
Dos meses han sido insuficientes para que las autoridades ministeriales del estado aclaren la muerte de Diego González Ruiz. Como si se tratara de un caso de inusitada complejidad, el “accidente” que derivó en la muerte del niño de doce años de edad, no está ni cerca de ser aclarado. No es cosa menor, es otro caso de impunidad y de injusticia.
Durante los últimos días hemos visto en algunos sectores de la prensa local, notas informativas con tintes propagandísticos en donde se realza al máximo el desempeño del gobernador Toranzo. Dicen por ejemplo, que los rubros del combate a la inseguridad y la procuración de justicia son de los que dejarán huella por su eficacia.
Se pregona que San Luis es más seguro, que disminuyó la violencia, que se han desarticulado bandas criminales, que los secuestros prácticamente han desparecido y que en resumidas cuentas, los ciudadanos pueden caminar libremente en las calles sin que ocurra nada malo.
Pero eso no es todo: dicen que siete de cada diez delitos de alto impacto han sido resueltos, que se terminó con un rezago de más de 200 mil averiguaciones previas y que el desempeño de la Policía Ministerial y de los Agentes del Ministerio Público es ejemplar. En San Luis Potosí se procura justicia con oportunidad y certeza, dicen los periódicos a través de gacetillas o de spots pagados en radio y televisión.
Si vemos el sector informe de gobierno en su apartado de seguridad y justicia, cualquiera pensaría que los potosinos vivimos en la gloria.
Si la información oficial fuese cierta, entonces ¿cómo es que han sido incapaces de aclarar la muerte de un niño ahogado?
¿Cómo es que la Dirección de Averiguaciones Previas fue capaz de resolver miles y miles de demandas y no es capaz de concluir una relacionada con lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí calificó como un lamentable “accidente” que a cualquiera le puede pasar?
Es que vivimos un mundo al revés: en la prensa, dice el Procurador Miguel Ángel García Covarrubias que al caso de Victoria Labastida y la denuncia de corrupción municipal no se le ha dado carpetazo, pero en los hechos eso es lo que ocurrió desde hace tiempo.
Con una fuerte dosis de cinismo también ha dicho que le siguen de cerca la huella al Piolín y que pronto van a detenerlo, lo cual es una estupidez en todos sentidos, puesto que si en seis años no lo detuvieron, menos habrían de hacerlo en la última semana de la administración.
Esto es un absurdo: también le siguen la huella y no han dejado de buscar al sacerdote pederasta, Eduardo Córdova y por supuesto, nunca lo van a encontrar. Para empezar, no lo buscaron.
Ese sistema de procuración de justicia es al que se enfrenta la familia del pequeño Diego. En busca de justicia y castigo a los responsables, se enfrentan a una maquinaria burocrática en momentos inútil.
Es de esperarse que se haga justicia y que para ello se investigue a fondo, el gobierno de Juan Manuel Carreras López tendrá la palabra. Ojalá y no se convierta también, en escudero oficioso de la UASLP.
