CAJA NEGRA

Encarcelar para legitimarse

 

Cada gobernador al empezar su gestión se consigue a sus villanos favoritos, les arma un proceso legal y luego los detienen y van a dar a la cárcel. Más temprano que tarde, los presuntos que atentaron contra el patrimonio de los potosinos salen libres y todos en santa paz o lo que es lo mismo, en la impunidad.

 

Marcelo de los Santos encarceló a Olegario Galarza, secretario de Finanzas de Fernando Silva Nieto y a otros por el tema de los invernaderos de Santa Rita.

 

Fernando Toranzo encarceló a Joel Azuara, secretario de Finanzas de Marcelo de los Santos y también al Oficial Mayor por el presunto desvío de recursos en la compra de un helicóptero, pero también encarceló (injustamente a todas luces) a María Luis Paulín, jefa de prensa de Marcelo.

 

Ahora, Juan Manuel Carreras López pretende encarcelar a Victoria Labastida Aguirre por un presunto peculado de unos 500 millones de pesos en perjuicio del ayuntamiento de San Luis Potosí.

 

Nadie debe llamarse a sorpresa con lo que se está operando desde palacio de gobierno a través de la Procuraduría General de Justicia: la idea es simple, como no podemos ir contra el doctor Toranzo, vamos por otros pillos con los que no tenemos acuerdo, sino más bien desacuerdo.

 

La idea es que la opinión pública se percate de que lo que dice Carreras lo cumple en un santiamén y que mejor manera de hacerlo que con una camarada o compañera de partido.

 

Carreras ofreció y envío ya a los diputados la iniciativa para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, ese fue el anuncio estelar en su discurso de toma de protesta, lo que seguía necesariamente era hacer algo más concreto; darle a los enemigos de Labastida, especialmente a algún dueño de periódicos, un hueso digno de roer en sus noticias, editoriales y comentarios.

 

Es decir, de lo que se trata no es de hacer justicia en el sentido estricto de ese acto, sino solamente de sentar agenda política e informativa: que se hable del gobernador como el que si cumple versus el anterior que no lo hacía nada.

 

Es una estrategia de suyo rupestre y hasta frívola, puesto que tantos daño hizo Labastida como Fernando Toranzo, su familia y sus principales colaboradores. Si el tema de la rendición de cuentas y la procuración de justicia fuera genuina, empezaría por arraigar a la familia Toranzo Ramos y a buena parte del ex gabinete.

 

Pero como no es así, sino de acciones de artificio que se ganan los encabezados de los periódicos, hay que limitarse a presuntos delincuentes menores.

 

Sería imposible que Carreras investigue a la administración Toranzo puesto que él fue parte de ella y hay datos públicos de que se benefició en actos de dudosa legalidad. Visto así, pues mejor contra Victoria y su gente.

 

Es tema de la corrupción en la administración de Victoria Labastida es apenas uno de los cientos de casos delictivos que reclaman justicia: Sería loable que en cualquier momento el gobierno anuncie la detención del sacerdote pederasta, Eduardo Córdoba Bautista, por ejemplo.

 

O que con la misma rapidez se haga justicia al pequeño Diego, víctima de la negligencia universitaria, o que se anuncie la solución al caso Póntigo o el de las decenas de feminicidios ocurridos en el estado, las ejecuciones y los desaparecidos.

 

Anunciar que se giran órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos no es de ninguna manera un logro, sino una obligación. Labastida y colaboradores no son los únicos peces gordos, pero para el gobierno en su afán de legitimarse debe considerar que con ellos es más que suficiente.

 

El manejo político del aparato de justicia ahí sigue igual, ni cambió tras la salida de Fernando Toranzo. Todo es lo mismo, ese es el estilo de nuestra clase política tan provinciana y subdesarrollada.

 

Creerán que deteniendo a Labastida o a cualquiera de sus compinches ya esta y que en esa lógica, ¿para que carajo ponerse a investigar los invernaderos de los Toranzo o las empresas de estufas ecológicas, por ejemplo?

 

Si lo hace Carreras, entonces si será una agradable sorpresa.

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