Las órdenes de aprehensión se cumplimentan no se anuncian en la prensa.
Es una certeza de claridad meridiana: “las órdenes de aprehensión se ejecutan, no se publicitan”. Cuando un juez ordena a la autoridad ministerial la búsqueda, localización y detención de un presunto delincuente, lo que espera es que éste le sea presentado para que responda por sus delitos. En San Luis Potosí se hacen las cosas de otro modo: la autoridad ministerial anuncia que le han pedido que atrape a un o varios presuntos delincuentes y luego se pone a buscarlos.
Es de una certeza aplastante esa oración cuya lógica es, primero detenlos y luego lo anuncias, de lo contrario, lo que se pretendía ser un golpe mediático espectacular, deviene en el ridículo.
El gobierno de Juan Manuel Carreras López corre, en efecto, ese riesgo: el de quedar en el ridículo.
Veamos: al capo de capos Joaquín Archivaldo Guzmán Loera lo buscan la policía federal, la marina, el ejército, informantes, espías, orejas y todo uniformado del país porque hay ordenes de aprehensión libradas en su contra y más aún, hay solicitudes de extradición. Las órdenes de aprehensión y los mandatos de extradición se acumulan en pilas, pero falta lo más importante: encontrarlo y detenerlo.
Desde hace unos veinte meses, hay orden de aprehensión contra Eduardo Córdova Bautista como presunto responsable de delitos de acoso y abuso sexual. También en esa ocasión se anunció con bombo y platillo que se había obsequiado orden de aprehensión que, claro está, no se ha cumplido.
También, hace como seis años que hay órdenes de aprehensión contra Jorge González Hernández, ex director del Instituto de la Vivienda y presunto autor intelectual y material de delitos contra la administración pública en el caso de Ciudad Satélite. En su momento, el gobierno de Toranzo anunció a los cuatro vientos que se había obtenido orden de aprehensión y que ya lo estaban buscando. Es obvio añadir que ni lo buscaron ni lo encontraron.
No contentos con ese ridículo, lo multaron con 117 millones de pesos por presunto daño al erario, pero nunca le pudieron cobrar. La razón es sencilla: no sabían donde estaba para cobrarle.
Es decir, sirve para un carajo anunciar que se ha girado orden de aprehensión contra uno o varios ex servidores públicos si antes no sabe la policía donde ubicarlos para detenerlos. Eso es empezar a hacer el ridículo, como lo hicieron agentes ministeriales que fueron a vigilar la casa de Victoria Labastida, donde solo faltó que tocaran el timbre y le anunciaran: un juez nos dio orden de aprehensión en su contra y venimos por usted.
Es cierto, las órdenes de aprehensión no se anuncian en la prensa sino que se cumplen con un operativo eficaz y oportuno de la policía.
Hay unas frases tan machaconas como inútiles y absurdas que gustan utilizar los jefes policíacos, el procurador, el secretario general, el secretario de seguridad y el gobernador en turno: no podemos dar más información por la secrecía de las investigaciones; no podemos dar datos para no afectar las investigaciones; no podemos dar nombres porque luego los avisamos y se nos van; no podemos decir nada en aras de la confidencialidad de la investigación.
Pues bien, a Victoria Labastida y ex colaboradores les mandaron decir a través de la prensa que en cualquier momento los iban a buscar en sus casas. Es decir, que si gustaban podrían irse de inmediato, es decir, que si van a ampararse, que lo hagan tan pronto como puedan, opero sobre todo, que si desean huir, pues en caliente a agarrar monte.
Como se empezaron a hacer las cosas con el Procurador Virgilio Garza, el gobierno está más cerca de hacer el ridículo que de hacer justicia, aunque bien visto, esto segundo no le paso realmente por la cabeza al gobernador. Solo quiere meter un susto para quedar bien con los decepcionados potosinos.
