El sistema de complicidades y corrupción en procuración de justicia se mantiene intocado.
Victoria Labastida Aguirre ya solicitó y logró amparo contra la orden de aprehensión librada por el juez sexto del ramo penal. Eso no es extraño en un sistema de complicidades como el que impera en México y se reproduce con eficacia en San Luis Potosí. En lo general, en México, solamente el 98 por ciento de los delitos denunciados ante el Ministerio Público se resuelven y concluyen con la sentencia de un juez.
En el caso de los políticos y servidores públicos denunciados por la comisión de uno o varios delitos, sean graves o no, el problema es más grave y la impunidad puede alcanzarlos a protegerlos a todos. En este caso, la excepción es que alguien sea juzgado, reciba una sentencia y vaya a la cárcel. Eso prácticamente no ocurre ni en México ni en San Luis Potosí.
Hace unos días, de visita en México, el Relator de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que en México no se resuelven 98 de cada 100 delitos que se denuncias. Eso no puede ser, lamentó.
Eso se logra en buena medida gracias a la corrupción que habit6a en cada oficina y en cada empleado de las instituciones de procuración de justicia. Ya hay versiones incontestables de que de la propia Procuraduría General de Justicia salió el oportuno “pitazo” a Labastida sobre la orden de aprehensión.
O sea, estamos inmersos en un sistema de complicidades construido para favorecer la impunidad.
Por eso, en este mismo espacio comentamos con oportunidad que las ordenes de aprehensión no sea anuncian sino que se cumplimentan. Cuando se anuncian es porque hay gato encerrado.
Labastida habría logrado el amparo y con ello la suspensión de todo acto de autoridades potosinas respecto de la denuncia en su contra por peculado. Eso indica que en el supuesto de que se tenga plena voluntad y compromiso de sancionar los presuntos actos ilegales cometidos en el ayuntamiento 2009-2012, pasará mucho tiempo antes de que se logre.
Pero hay muchas dudas al respecto y se impone la percepción de que el caso Labastida ha sido utilizado por el gobierno de Juan Manuel Carreras para dar un golpe mediático y posicionarse en el ánimo de la población. De ahí el pitazo, se le puso sobre aviso y recurrió a las instancias legales competentes para lograr la protección a que tiene derecho todo ciudadano.
Va para dos semanas desde que se anunciaron las órdenes de aprehensión y no ha pasado nada y no faltan los políticos boquiflojos que sugieren se solicite la ayuda de la Interpol para localizar a la señora Labastida.
Seamos serios, es más viable que a la ciudad la sepulte un tsunami que Victoria y sus amigos tengan por destino la cárcel.
