San Luis Potosí, México (24 de abril de 2015).- La mirada de Demián Alcazar, en la película la Ley de Herodes y en su papel de Juan Vargas, presidente municipal interino de San Pedro de los Saguaros, es de un hombre asustado, perplejo, en el momento que del Secretario de Gobierno recibe de manera simultánea un revolver y un consejo: “Si alguien te amenaza con un machete le sacas la pistola, y vas a ver como nadie se te pone al brinco”.
Escena que precedida del dialogo de Juan Vargas con el funcionario estatal y aspirante a gobernador, que le plantea: “Voy a necesitar de tu ayuda”. Vargas se pone a la orden: “Usted dirá a quién matar”. A la primera que asesina es a la dueña del burdel.
Antes y después la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotizana, Guerrero, en México la imagen de los presidentes municipales no es del todo positiva. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, resultaron los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas.
Antonio Ordaz Mendioza, hermano de Alfonso, quien en vida era identificado como un importante operador político del Partido Acción Nacional en Matlapa, municipio de la huasteca potosina, y cuyo cadáver fue hallado decapitado y flotando en aguas del río Moctezuma, sostuvo que en aquella localidad todo mundo sabe quién es el responsable del crimen, porque este desapareció “atrás de la casa del alcalde”, César Torres Mendioza, nominado como candidato para ese cargo por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
Esa, cabe enfatizar, es la sospecha de familiares y amigos del occiso, cuyo consanguíneo dijo que sí tienen temor de que también a ellos les pudiera llegar a pasar algo malo, “pero…no vamos a estar escondiendo…ni nos vamos a callar”. Sospecha que deben haber asentado en la demanda formulada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que esa instancia proceda a la debida integración del esclarecimiento y dar con el o los responsables de ese crimen.
Al menos en cuestión de homicidios con tintes políticos, durante el desarrollo del proceso electoral, suman dos; ninguno esclarecido. Otro fue el de Cecilia Izaguirre Camargo, quien era la presidenta del comité municipal del PRI en el municipio de Lagunillas, donde fue acribillada el pasado 20 de febrero. Como sospechoso ha sido señalado Francisco Javier Patiño Arellano, suplente del diputado local priista Ángel Federico Badillo Anguiano, médico de profesión, como el Gobernador.
La preservación del Estado de Derecho es una de las obligaciones del Jefe del Poder Ejecutivo, Fernando Toranzo Fernández, quien para garantizar la justicia cuenta con la Procuraduría General de Justicia. Lo negativo es que a esa dependencia, a cargo de Miguel Angel García Covarrubias, se le acumulan los casos y no resuelve nada.
