San Luis Potosí, México (28 de abril de 2015).- La anulación de la nominación del ex priista Fernando Pérez Espinosa, como candidato a la gubernatura del Estado, se mantiene latente hasta en tanto no resuelva en definitiva la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que hace casi una semana enmendó el error del Partido Revolucionario Institucional, que promovió un recurso de revisión y debió formularlo como juicio de revisión constitucional electoral.
El asunto se originó porque hace poco más de dos meses, el 20 de febrero, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) admitió el registro de la Alianza Partidaria, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Conciencia Popular (PCP).
Cinco días después la Coalición Flexible, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Estado, órgano presidido por el magistrado Rigoberto Garza de Lira.
El seis de marzo el CEEPAC aprobó la inscripción de Fernando Pérez Espinosa como candidato a la gubernatura postulado PRD-PT-PCP y en desacuerdo la priistas, ecologistas y aliancistas interpusieron otro recurso de revisión.
El mes pasado el tribunal electoral en la entidad ratificó la determinación de los consejeros electorales y enseguida el PRI presentó el recurso de revisión y el asunto fue enviado a la Sala Regional Monterrey del TEPJF.
Los magistrados de aquella sala se percataron que el “recurso de revisión” no era de su competencia y se lo turnaron a la Sala Superior, donde el pasado 8 de abril el expediente le fue turnado a la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.
Transcurridas dos semanas, el 22 de abril, los magistrados consideraron improcedente el recurso de revisión y lo reorientaron para resolverlo, ellos mismos, como juicio de revisión constitucional.
Lo que implica que luego de dos meses y dos días que se originó el asunto, como recurso de revisión, los magistrados electorales se percataron que el litigio electoral fue planteado de manera errónea y en consecuencia ordenaron remitir el expediente a la Secretaría de General de Acuerdos de la Sala Superior a fin de integrar y registrarlo como corresponde.
Ello también evidencia torpeza de los responsables jurídicos del Partido Revolucionario, organismo político que lleva la mano en este asunto, cuyo resultado esperan que les sea favorable a su objetivo: Anular la Alianza Partidaria y, sobre todo, la postulación del ex priista, Fernando Pérez Espinosa, como candidato a la gubernatura.
A los priista los mueve la preocupación que les causa que el ex dirigente estatal de ese instituto político le reste una muy importante cantidad de votos a su abanderado, Juan Manuel Carreras López. Sobre todo porque han calculado que Ricardo Gallardo Juárez, como candidato del PRD a la presidencia municipal de la capital “jalará” votos en favor de Pérez Espinosa.
En la perspectiva tricolor al “Calolo” ni al partido del sol azteca le alcanza para llegar a ganar, sin embargo saben que la resta de votos les podría hacer perder la gubernatura, que recuperaron gracias a las divisiones de los panistas, que seis años después del fracaso electoral de 2009 resultarían beneficiados en caso de que no prospere el juicio constitucional electoral.
De resultarles favorable habrán logrado eliminar a un rival incómodo y con ello conservar el Poder Ejecutivo en San Luis Potosí. Pero al paso que va el asunto en los tribunales, no resultaría descabellado que la resolución definitiva se conozca una vez consumada la jornada electoral y una vez conocidos los resultados de los comicios del 7 de junio.
Sobre todo si se toma en cuenta el tiempo que ha transcurrido un importante tramo del proceso electoral, más de la mitad de la fase de las campañas de proselitismo de los candidatos a la gubernatura y que tan sólo restan 38 días para los comicios.