El dato es apabullante: 91 por ciento de los mexicanos considera a los partidos políticos como la institución más corrupta en el país.
Hay otro dato demoledor: 87 por ciento de los mexicanos estima que los servidores públicos (de todos los niveles de gobierno o poderes del Estado) son corruptos.
Si no es suficiente, hay otro dato que tiene los efectos de una aplanadora: 83 por ciento de los ciudadanos estima que los diputados sean federales o locales, son corruptos.
Es estremecedor agregar dos datos: 90 por ciento asegura que la policía (de los tres niveles de gobierno) son corruptas y el 80 por ciento refiere que el poder judicial es corrupto.
Son datos del Estudio México: Anatomía de la Corrupción, coordinado por la investigadora María Amparo Casar y auspiciado por el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Instituto Mexicano de la Competitividad.
Luego de asomarnos a esa grosera realidad, uno se tiene qué preguntar si de algo sirven las elecciones constitucionales que cada tres y seis años se realizan en el país, pues está a ojos visto, que lo que elegimos los ciudadanos es a connotados corruptos.
La institución más corrupta por años había sido la policía, pero ya ha sido desbancada de ese de ese lugar ignominioso por parte de los partidos políticos. Todos, ninguno de salva.
La gente dice que son la institución más corrupta de México, de lo que se desprende la razonable explicación de porque los servidores públicos son la segunda institución más corrupta: es lógico, primero son parte de la burocracia partidista y luego de la gubernamental; son básicamente los mismos.
Viendo los promocionales de campaña de los candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales se puede confirmar que, sin pena ni desdoro, ofrecen combatir la deshonestidad en el servicio público.
Ni siquiera se atreven a mencionar la palabra corrupción, usan el melifluo sinónimo de acto indebido. De verdad, es para dar pena.
Sino vea el siguiente dato de México: Anatomía de la Corrupción: dos por ciento, es el porcentaje de averiguaciones previas iniciadas y terminadas por delitos cometidos por los servidores públicos.
Peor aún: en el período de 2000 a 2013, en México, 41 gobernadores fueron acusados, de éstos, sólo se investigaron 16 de ellos, solamente cuatro fueron detenidos. En un período similar, en Estados Unidos, nueve gobernadores fueron acusados, los nueve fueron investigados y al final, los nueve fueron detenidos. Efectividad del cien por ciento en Estados Unidos y en México, menor al diez por ciento.
Por eso subsiste la corrupción: los corruptos nacen en los partidos, se desarrollan en el gobierno y nunca dejan de tener impunidad.
Otro dato para reiterar que los políticos transformados en servidores públicos delinquen y no se les castiga: de 1998 a 2102, la Auditoría Superior de la Federación presentó 444 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos, de ellas, 421 están en trámite, ocho en “reserva”, ocho en no ejercicio de acción penal y solamente siete fueron consignadas, es decir, apenas un patético e ínfimo 1.5 por ciento.
Son datos suficientes para documentar el pesimismo sobre lo que nos traerán las elecciones: un cambio sí, pero de funcionarios. Todos los que acaban el sexenio de van (bueno a veces no todos) pero la corrupción se queda.
No podía ser de otra manera, la corrupción es el ADN de los partidos y sus políticos, les corre como la sangre por las venas, por eso, nueve de cada diez ciudadanos los cataloga como los más corruptos.
