Por: Antonio González Vázquez.
Hoy se cumplen 56 días desde que Gobierno del Estado, por medio del Instituto de las Mujeres del Estado entregó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el “Informe presentado por el Estado de San Luis Potosí, derivado de la solicitud de Alerta de Violencia de género Contra las Mujeres”.
Hoy se cumplen 56 días sin respuesta.
El documento fue recibido por Gretha Jimena Vilchis Cordero, Directora de Derechos Humanos de las Víctimas y Agenda de Género de la CONAVIM. La funcionaria dependiente de la Secretaría de Gobernación no ha respondido nada 56 días después.
Se trata de un informe de 156 páginas, más los anexos en los que se da cuenta de lo realizado, según los indicadores de cada una de las 8 conclusiones y sus respectivas recomendaciones.
Quizá resulte ser de enorme complejidad el contenido del documento como para que se retrase tanto su respuesta o puede ser que esas 156 páginas estén escritas en Arameo antiguo o en jeroglíficos de una civilización antigua y que por tal razón no encuentran quien lo traduzca al idioma de la burocracia mexicana.
Solo por citar el último caso, conviene que en la CONVIM sepan de esto:
Elisa regresaba de Ciudad del Maíz a su hogar en la comunidad de San Rafael, pero apenas descendió del autobús en el que viajó, se encontró con su ex pareja, un sujeto torvo y de mal aspecto que de inmediato la encaró y sin más le disparó a quemarropa para quitarle la vida. Ella regresaba de trabajar ese funesto 15 de diciembre, ese día Elisa de 40 años de edad, recibió dos disparos en el rostro. El sujeto la mató porque ella ya no quiso seguir con él, no se sabe porqué, pero esa había sido su decisión y le costó la vida.
Por cierto, la policía aseguró que desde ese día se inicio las investigaciones de este nuevo feminicidio, aunque desde entonces no se tiene noticia del presunto feminicida.
Mientras tanto, han pasado 56 días y es muy probable que pasen otros tantos hasta antes de tener noticia del Gobierno Federal respecto de la Declaratoria que, por lo visto, para la Segob, no es ni algo urgente ni un asunto de prioridad.
