El Silencio de los (Inocentes) comisionados de Transparencia.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública ha sido incapaz de hacer un pronunciamiento firme, contundente y claro a favor de la comunidad a la que se supone protege. El Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra abandonado por la institución pública que lo debería defender.
Eso es intolerable. Nada más intolerable en una institución pública garante que el silencio y la omisión. Nada más oprobioso para un organismo “autónomo” que su mutismo e inmovilismo cuando el Derecho que por Ley debe proteger, enfrenta la amenaza de la censura.
Hace una semana la opinión pública se enteró del inusitado caso de proyectotabano.com del periodista Victoriano Martínez Guzmán. Una empresa y su dueño, es decir, Peña Blanca y Carlos Gerardo López Medina, presentaron denuncia civil por presunto daño moral derivado de la publicación de la amplia lista de deudores del impuesto predial en la capital y del cual, esa empresa forma notable parte dada su cualidad de morosa del pago del gravamen.
Como no podría ser de otro modo, el periodista ya respondió a la demanda en donde expone su defensa respecto de las razones legales que le asisten al haber utilizado con fines informativos, datos proporcionados por el Sistema INFOMEX. Expone argumentos y cita normas, leyes y reglamentos; él está en lo correcto.
Organizaciones civiles no gubernamentales, estudiosos y académicos de resonancia nacional en el tema de la transparencia así como periodistas, han respaldado a Victoriano no solo porque le asiste la razón legal, sino también porque con su trabajo periodístico dio un servicio a la sociedad al enterarla de quienes son todos aquellos que no pagan el impuesto predial como sí lo hacen miles de ciudadanos.
Curiosa o hasta sospechosamente, de donde no ha surgido un pronunciamiento es en la CEGAIP, de donde su presidenta, Yolanda Camacho Muñoz apenas si dio declaraciones tibias el pasado lunes en torno de que la información publicada por proyectotabano.com sí es oficial.
No abundó más y con ello omitió cual es su responsabilidad como comisionada de transparencia.
Tal vez no lo ha entendido y puede ser que hasta ahora no entienda la índole de su trabajo. El caso de Tábano y Peña Blanca es para asustar porque el mensaje es lo suficientemente estruendoso para que lo escuche quien lo quiera escuchar: no te atrevas a pedir información que me involucre o nos vemos en los tribunales.
Ese es el mensaje que Peña Blanca ha enviado y la CEGAIP no ha movido un músculo de la cara, están impasibles, tan imperturbables como siempre.
Lo que ha expuesto de manera descarnada la demanda en contra de Tábano, es la advertencia de un particular de que no se quedará cruzado de brazos si una institución pública libera información que tal o cual particular prefiera que se mantenga oculta.
Eso es muy grave.
Los ciudadanos que deseen ejercer su derecho a conocer información pública ahora se lo pensarán no solo más de dos veces sino que también lo razonarán un par de días o de semanas.
Si cualquier potosino se sorprende e indigna al mismo tiempo al ver como es arrasado un cerro para urbanizarlo, no podrá preguntar a las autoridades sobre los permisos o licencias concedidos a la inmobiliaria o constructora, no vaya a ser que se molesten y hasta a la cárcel va a dar quien con justicia quiera saber porque el cerro ya no tiene pirules y nopales sino residencias y departamentos de lujo.
Eso en el caso extremo, pues a la luz de la actuación de Peña Blanca, se puede concluir que un ciudadano no tendría derecho ni siquiera a preguntar sobre el padrón de constructores o proveedores del ayuntamiento o del gobierno.
Pero eso no parece importar a un trío de burócratas bien pagados que no tienen peregrina idea de lo que está ocurriendo con la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en San Luis Potosí.
