La Policía Municipal viola la ley (y a mujeres también) porque se lo permiten en la alcaldía.
El aparato coercitivo del Estado es la Policía y es la policía el instrumento que por ley tiene el Estado para usar la fuerza y todo lo que ésta conlleva en momentos en que así sea necesario, por lo general, cuando los intereses de la sociedad, las instituciones y los ciudadanos corren peligro.
Es decir, la policía está para ejercer la fuerza en contra de quienes atentan contra el orden y especialmente contra los ciudadanos. Recuérdese que el Estado, constitucionalmente, está obligado a garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Si algo o alguien atenta contra la seguridad de las personas, la policía está autorizada a intervenir con toda su fuerza.
Esto no parecen entenderlo los policías potosinos, no todos, pero muchos no lo quieren entender y suponen que el uniforme y placa que portan les autoriza a abusar y hasta delinquir. La policía creada para cuidar la ley, es la que la viola en San Luis Potosí.
El más reciente caso de abuso sexual de una joven por parte de elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí es solamente una mancha más de oprobio para esa institución que, en vez de proteger a una víctima, abusó de ella de manera cobarde.
El hecho de que hayan sido detenidos y luego, puestos a disposición del Ministerio Público es una excepción. Debió mediar la valentía de la víctima para denunciar a sus agresores, esto no siempre ocurre, por lo general la víctima luego de sufrir un ultraje recibe la amenaza de que si se atreve a denunciar la pasará muy mal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene en el primer semestre del año más de un centenar de denuncias en contra de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
Contra agentes de la Policía Municipal capitalina hay 24 denuncias, lo que representa al menos una cada semana en lo que va del año. Nada para causar orgullo, aunque los brutos (no por tontos sino por salvajes) parecen portarse mejor, pues el año pasado en el primer semestre iban 51 denuncias.
Las denuncias corresponden a casos en los que los o las agredidas se atreven a denunciar pese a las amenazas de que han sido objeto. Organizaciones Civiles de Derechos Humanos como el Centro Miguel Agustín PRO, estima que por cada denuncia por violaciones a derechos humanos cometidos por policías, hay al menos cinco más que no se denuncian.
Esto quiere decir que prevalece la impunidad a favor de policías que de manera consciente abusan de los ciudadanos a los que deberían proteger, pues la mayor parte de los actos violatorios, se quedan en la oscuridad del silencio, en el ostracismo del temor.
Lo que es un hecho, es que los policías no han dejado los malos pasos de siempre y ceden a la tentación del abuso o de la corrupción, no importa que se trate de agentes acreditados y con exámenes de control y confianza aprobados: al final todos son iguales, unos brutos de tan irracionales respecto de la observancia de la ley.
Abusan porque saben que la posibilidad de que los descubran, los denuncien, los juzguen y los sentencien son mínimas. Abusan porque el sistema policíaco está diseñado para darle amparo. Los policías se protegen entre sí de acuerdo con la pirámide jerárquica de la organización.
Por eso, las Comisiones de Honor y Justicia de las corporaciones policíacas municipales y estatales están reservadas, las clasificaron así para que nadie sepa quien o quiénes se portan mal, para que nadie conozca sus faltas y abusos.
Siempre ha sido así, es como una maldición: la policía a la que la sociedad para que la proteja, es la que abusa de ella con la protección de las instituciones.
El gobierno de Mario García Valdéz está por concluir y una de sus promesas fue la de limpiar de malos elementos a la corporación municipal, pero está claro que no lo hizo.
Lo mismo suelen prometer los presidentes municipales al tomar el cargo y nunca pasa nada.
Las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la denuncia pública a través de prensa no hace ni cosquillas en la dura piel de policías acostumbrados a delinquir.
