El gobierno de Toranzo, como los diputados, también fomentó la dádiva ilegal de recursos públicos.
Los diputados son burdos y al mismo tiempo, prepotentes. Por eso les tiene sin cuidado lo que se escriba, se diga o se opine de ellos ya sea en los periódicos o en la calle. Son descarados, lo que los lleva a la categoría de patanes. Es así, que se creen con el derecho de disponer de los recursos públicos para repartirlos entre sus compinches de partido.
Nunca se podrá acabar de hablar mal de un diputado: son una mina abierta donde se encuentra estulticia y corrupción.
Cuando el Consejo Ciudadano de Transparencia del Congreso del Estado identificó elementos de ilegalidad en la entrega de apoyos económicos a través de la Junta de Coordinación Política, se percató de que ese órgano del poder legislativo actúa semejante a un grupo de la mafia.
Para empezar, le enviaron una cordial invitación a la Junta y a los diputados que la componen a que suspendan la entrega de apoyos y que sin tardanza, presentara información que respalde la legalidad de la entre de los recursos y que se precisará sobre el destino de los recursos.
Los diputados no respondieron. Por qué habrían de hacerlo, seguramente pensaron los diputados que, desde la creación del Consejo Ciudadano se les mira como simples empleados, subordinados sin derecho a nada.
Pero resulta que esta vez los consejeros no se quedaron callados como antes lo hacían y han abierto un boquete más a la piltrafa de imagen institucional que tienen los diputados locales.
Se les acusa ni más ni menos que de peculado y de uso indebido de las funciones públicas. En pocas palabras, de robarse los recursos públicos y de ejercer funciones que no les corresponden.
Son más de diecinueve millones de pesos los que la Junta de Coordinación Política entregó en tres años a personas físicas y morales sin que exista prueba de su legalidad.
Tan extenso prolegómeno que sirva para documentar nuestro pesimismo, es sólo para dar entrada a algo pero: lo mismo hace el gobernador del estado a través de buena parte de sus dependencias, en especial, de la Secretaría General de Gobierno.
Durante el período de 2010 a 2013, en cuatro cuentas públicas, la Auditoría Superior del Estado observó administrativa y financieramente al Gobierno de Fernando Toranzo por el destino de las llamadas “ayudas a organizaciones sociales”.
Bajo la administración de Héctor Vicente Mayorga Delgado, la ASE, fue consistente en señalar la ilegalidad en la asignación de recursos económicos y de materiales a beneficiarios nunca bien reconocidos. La práctica sigue porque la ASE nunca sancionó, se limitó a señalar.
En esas Cuentas Públicas, el énfasis de las observaciones se ponía en el hecho de que se liberaran “apoyos sociales” sin documentar fehacientemente a los beneficiarios, además de que nunca se dejaba evidencia escrita de solicitudes de apoyo ni había expediente alguno en el que obre el seguimiento a los recursos entregados.
En esos años, por citar algunos casos, se observaron entregas de cemento por dos millones de pesos, la entrega de cobijas, despensas, láminas por cinco millones de pesos, sin que hubiese una solicitud formal al respecto.
El caso es que los diputados lo hacen a una escala y el gobierno en otro, pero siempre, con recursos públicos y a favor de grupos afines políticamente hablando. Es la misma gata, pero revolcada.
Lo deseable en ese sentido, es que se ponga un alto, un hasta aquí, un ya basta total; pero no únicamente a los diputados sino también al gobernador y a los presidentes municipales. Todos hacen de los recursos patrimonio propio, botín de grupo y de partido.
Ya sea durante tres o seis años, se dedican a explotarlo feliz e impunemente, así que bienvenido el esfuerzo, primero los diputados, luego el gobernador y después el presidente municipal.
Antes de que se vayan, por favor.
