Por Antonio González Vázquez
Quince meses después aún no es posible conocer la verdad sobre la muerte del pequeño Diego, acaecida durante las actividades del campamento de Verano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Se sabe que murió ahogado en una pileta de un tobogán del parque acuático Woow, pero solo eso se sabe de tan fatal día de hace quince meses.
No se sabe más porque tristemente, en San Luis Potosí no sirve de mucho presentar una denuncia ante el Ministerio Público ya que el inicio y conclusión de una averiguación previa puede durar toda la vida.
Y más aún, que tras meses y meses de dilatar el caso, se turne al Poder Judicial y ahí se siga con la misma jugarreta de dejar pasar el tiempo antes de hacer justicia. Es el círculo perfecto de la impunidad.
Quince meses y no se conoce lo que ocurrió con tal certeza que se pueda dar el necesario paso al deslinde de responsabilidades: la verdad legal esta muy lejos de conocerse porque la UASLP, la Procuraduría y el Poder Judicial no quieren que se desvele esa verdad.
La cifra negra de la impunidad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, señala que solo se denuncian tres de cada diez delitos porque no hay confianza en las instituciones públicas.
A contracorriente, de ese dato espeluznante, la familia de Diego acudió al Ministerio Público y presentó su denuncia en contra de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de lo que ha derivado un infierno insoportable por las argucias y trampas que la familia ha enfrentado.
Pareciera que quienes están avocados a procurar y administrar justicia son quienes están más interesados en no encontrar responsables de la muerte de Diego. En vez de hacer justicia, encubren y retardan, le van dando forma a la impunidad.
