¿Cuantos gobernadores de San Luis Potosí han ido a parar a la cárcel?
Ninguno.
¿Recuerda algún alcalde que haya caído en prisión en los últimos años?
Ninguno.
¿Sabe de algunos servidores públicos o algún funcionario público que luego de enfrentar un proceso legal por manejar de manera deshonesta los recursos públicos, haya sido denunciado, consignado, procesado y luego recibido una sentencia condenatoria?
La verdad, ninguno.
¿Recuerda el nombre de algún diputado, juez o magistrado que utilizando recursos públicos haya sido descubierto y luego denunciado por alguna conducta tipificada como delito en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos?
Mmmm…Ninguno.
¿Algún ex colaborador de Teófilo Torres Corzo, Gonzalo Martínez Corbalá, Horacio Sánchez Unzueta fue denunciado, detenido y procesado en la década de los noventa cuando esos priístas fueron gobernadores?
Definitivamente, ninguno.
¿Están en prisión los funcionarios de Fernando Silva Nieto, Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo que llevaron la deuda pública al nivel histórico de 22 mil millones de pesos?
Obvio, ninguno.
¿Sabe de alguien que este purgando una condena de privación de la libertad por haberse enriquecido inexplicablemente?
¿Ha escuchado hablar de algún político al que le hayan quitado todos sus bienes y congelado cuentas bancarias para resarcir el daño que hizo en el servicio público?
Puedo asegurar que ninguno.
Pues bien, esto ocurre porque la institución pública responsable de fiscalizar a los entes públicos no solo no sirve, sino que es comparsa de probables delincuentes y es cómplice de políticos y gobernantes poderosos y empresarios influyentes.
La Auditoría Superior del Estado por eso se parece mucho a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública: son mausoleos en donde la ley está bien muerta.
Ambas se parecen también en el hecho de que se han convertido en cueva de burócratas listillos que gozan de buenos salarios e influencia pero que no hacen maldita cosa por la sociedad.
Los comisionados de transparencia fueron impuestos por el gobernador en turno y por los diputados también, lo mismo que el titular de la ASE. Tienen mucho en común: no sirven para nada.
