Por Antonio González Vázquez
La joven de 25 años de edad agredida con saña en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez por la mañana del martes es sin duda, un hecho que debería mover a la reflexión y a la autocrítica al gobierno estatal y al municipal también. Atrocidades como esa ocurren porque hay un hoyo enorme en una estrategia de seguridad al parecer tan inefectiva como insuficiente.
Una potosina es “levantada” y luego agredida en su cuerpo y golpeada en su dignidad, atacada en su intimidad. La violencia brutal volcada contra una mujer indefensa, desamparada, sola; tan vulnerable como una flor bajo la tormenta.
Violentada, mancillada, injuriada, golpeada casi salvajemente en una atrocidad inexplicable. Un acto inhumano contra una mujer indemne en uno de los municipios más violentos del estado.
Salvajismo y brutalidad de la mano en mentes y cuerpos con la maldad por dentro, la maldad en su grado mayor; la perversión y lascivia han dejado maltrecha y rota a una mujer en cuerpo y alma.
Para ella ya nada será igual y eso no es posible que lo repare nadie. Ella y todas las mujeres en San Luis Potosí no querrían que hoy, surjan condenas de todo tipo desde las distintas dependencias del gobierno, no necesitan ni su consuelo ni sus palabras, lo que querrían las potosinas es que las cuiden.
Pero no hay quien las proteja, viven inseguras, las persigue el miedo, el horror. Han caminado por las calles en protestas, han exigido protección y justicia para las víctimas de agresiones, han levantado la voz y alzado el puño; han escrito consignas feroces y críticas agudas, pero al parecer nadie las ha escuchado.
No las escuchan ni en palacio de gobierno ni en el palacio municipal de la capital y mucho menos en el de Soledad.
La atroz agresión a la joven ha servido solo para que los funcionarios públicos expongan sus excusas y pretextos, condenan el hecho pero dejan de lado que su obligación legal es garantizar la integridad física de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, no en balde hubo una Declaratoria de Alerta por Violencia de Género.
Con y sin alerta los gobiernos estatal y municipal han sido omisos en sus obligaciones en materia de justicia. Juan Manuel Carreras López, Ricardo Gallardo Juárez y Gilberto Hernández Villafuerte son responsables de lo que le ocurrió el martes a la joven puesto que su obligación es dar seguridad y no lo han hecho.
Se trata de una omisión de suma irresponsabilidad, saben el gobernador y esos alcaldes, que siete de cada diez delitos se cometen en la zona metropolitana y pese a eso no hay estrategia para la zona.
Ni coordinación ni trabajo de nada, esa es la realidad en la zona más violenta y mortal del estado.
La brutal agresión a la joven exhibe la incompetencia de las autoridades encabezadas por Carreras, Gallardo y Villafuerte.
Imagine el lector el sentimiento de miles de madres, esposos e hijos que esperan en casa a que llegue la hija, esposa o madre del trabajo, de la escuela, de la compra. Imagine a los miles de mujeres que diariamente andan por las calles donde en cualquier momentos les pueden agredir con fines sexuales o simplemente para atacarlas.
El caso es gravísimo y los gobiernos municipal y estatal parecen no entenderlo: el ayuntamiento gallardista se deslinda al decir que no hay policías para cuidar a todos los ciudadanos o bien, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la capital sino que es un fenómeno nacional.
Las instancias de gobierno estatal encargadas de atender los problemas de las mujeres y a quienes son víctimas, salen con el sobado pretexto de que es un problema cultural y no de inseguridad, que casos como el de la joven no son responsabilidad del gobierno sino de la sociedad.
Basura.
Erika Velázquez Gutiérrez, la titular del Instituto de la Mujer deslindando al gobierno de hechos que no debieran ocurrir.
Igual, basura, Julieta Méndez Salas, ex ineficiente integrante de la Comisión de Víctimas y de nuevo encargada del Centro de Justicia para las Mujeres que ha ofrecido la concebida ayuda psicológica y bla-bla-bla de burócrata incompetente.
Peor el incompetente secretario General de Gobierno, Alejandro Leal (enemigo de los adjetivos descriptivos de su actuar) quien no fue más allá de lamentar el hecho, como si él no fuese pieza central del presunto Gabinete de Seguridad.
Las mujeres son agredidas a diario y el gobierno ni se inmuta, simula que lo lamenta, que se preocupa y que actúa.
Lo dicho, basura.
Eso no es todo, de manera vilmente oportunista, la diputada del PRI, Martha Orta anunció que pedirán la comparecencia de funcionarios de seguridad para revisar lo que se hace en cuanto a la violencia contra las mujeres. La diputada y sus compañeros mejor deberían resolver el asunto de la Ecuación de Corrupción en vez de lucrar políticamente con las desgracias de la gente.
Imagínese, los corruptos pidiendo cuentas a los incompetentes.
