Por Antonio González Vázquez
El pasado 16 de junio, la Auditor Especial de Fiscalización Gubernamental, de Organismos Autónomos y Descentralizados, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, fue nombrada encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado. Han pasado tres semanas de la renuncia al cargo de José de Jesús Martínez Loredo y no se sabe cuándo habrá nuevo auditor.
El supuesto organismo fiscalizador fue semidesmantelado tras la renuncia del auditor y desde entonces semeja un ente muerto, desmadejado, roto; es una institución desacreditada de la que poco o nada se puede confiar.
Con la Auditoría demolida por la corrupción, los diputados en un afán de recuperar algo de la credibilidad perdida, rechazaron los 113 informes finales de las cuentas públicas y ordenaron la reposición de todos los trabajos de auditoría.
Pero tan importante trabajo no lo puede hacer una institución cuya honorabilidad se hizo añicos, no es posible que una institución que ha caído en la tentación de la corrupción, de un día para otro se convierta en una institución decente y pura, ajena a las tentaciones a las que antes cedió.
Por eso, lo deseable era que el propio ejecutivo local interviniera ante la Auditoría Superior de la Federación para que ante la crisis institucional en la instancia fiscalizadora, la ASF supliera del todo. No se hizo de ese modo y se optó por ordenar a la ASE que reponga las auditorías, como si ya estuviese aclarado que los únicos corruptos ya no están.
Y como la actual legislatura además de corrupta, frívola y payasa no hay ni cordura ni congruencia, se avientan la puntada de pagarle a un despacho de fiscalizadores para que fiscalicen a la ASE y a su personal en el proceso de reposición de las auditorías.
Es decir, le van a poner vigilantes al vigilante, fiscales a los fiscalizadores, auditores a los auditores, lo que supone que no hay ni un ápice de confianza en la institución ni tampoco en la encargada de despacho ni en el resto del personal.
Pero la puntada puede llegar al plano de lo ridículo, pues habría que preguntar si el despacho que se contrate también va a vigilar a los diputados para que no se les ocurra pedir moches, especialmente a Manuel Barrera que se aferra al hueso pese al rechazo a su sola presencia.
Ayer, el diputado Fernando Chávez, el mismo que sabe y tiene información de cómo Panavi compraba las voluntades de otros diputados y se ha negado a aclararlo, anunció que se va a contratar un despacho y como no podía ser de otro modo viniendo de un diputado, no sabe cuánto costará ni qué despacho será ni cuándo lo contratará. Es decir, no sabe nada.
Lo único que tiene claro es que ya se le pidió un tip a la ASF para que recomienden despachos profesionales capaces de venir a San Luis a supervisar el trabajo de la desacreditada Auditoría Superior del Estado.
Esto dijo el priísta:
El Congreso del Estado solicitó el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que proporcione información sobre despachos privados que tengan amplia experiencia en fiscalización de recursos públicos, para que pueda supervisar el trabajo que realizará la Auditoría Superior del Estado (ASE), en la nueva revisión que hará a las cuentas públicas de los 113 entes auditables correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
El secretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado Fernando Chávez Méndez precisó “ya solicitamos el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación para que nos sugiera qué despacho se debe de tener para que realice el trabajo de revisión a las cuentas públicas”.
Puntualizó “es importante que el despacho que se contrate para que venga a constatar que el trabajo que realizará la Auditoría Superior del Estado se hace de manera honesta, con la metodología correcta y que los resultados que arroje la nueva revisión nos dé la plena seguridad de que el trabajo se está haciendo de manera correcta”.
“Debemos contratar un despacho externo que esté plenamente acreditado para que no nos deje ninguna duda de que el trabajo que se va a realizar en la nueva revisión de las cuentas públicas del 2016, se va a hacer de forma honesta, profesional y transparente”, sostuvo.
El diputado Fernando Chávez Méndez precisó que al no estar contemplada para este año la contratación de despachos externos para la revisión de las cuentas públicas, “se tendrá que hacer una represupuestación para poder cubrir los costos”.
Indicó que no hay un tiempo límite para que la Auditoría Superior del Estado realice la reposición de las revisiones de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016, “podrían llevarse cuatro o seis meses, no lo sabemos, pero la idea no es presionar a la Auditoría, porque nuestro objetivo es que se haga una revisión a fondo y que no nos deje ninguna duda”.
Así o más simulación.
El tiempo sigue pasando y nadie ha sido al menos, presentado ante una autoridad judicial como presunto responsable de nada. ¡Viva la impunidad!
