Por Antonio González Vázquez
Siempre que arranca una nueva administración de gobierno, más aún si ésta sucede a una caracterizada por la corrupción, la ciudadanía suele dar espacio a la esperanza y llega a creer que se iniciará una etapa, ahora sí, de trabajo honesto y respeto irrestricto a la ley en cuanto al ejercicio de recursos públicos.
Desafortunadamente no es así y cualquier expectativa favorable termina por derrumbarse ante la cruda realidad: la corrupción o la ineficiencia o la impunidad no se terminan con un gobierno.
Ya tenemos los resultados de los informes finales de auditoría que realizó la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los recursos federales en todo el país y, en el caso de San Luis, el ayuntamiento capitalino mostró ya que en el manejo de los recursos públicos, no hay gran diferencia con lo que han hecho anteriores administraciones.
El ayuntamiento de San Luis Potosí desvió de su objetivo legal, recursos que en conjunto suman 184 millones 605 mil pesos correspondientes a cinco programas. Ese monto mal aplicado, debe ser reintegrado a las arcas públicas y el presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez no lo ha hecho.
Es a Gallardo Juárez a quien corresponde legalmente responder por los hallazgos de la ASF, pues es el edil en turno, pero además está obligado a aclararle a la sociedad qué pasó con los recursos que recibió de la anterior administración y que, concluye la ASF, no utilizó.
Se quejó el acalde Gallardo en su momento, de que la anterior administración (con todo y lo corrupta que fue) no le dejó recursos, pero la ASF afirma lo contrario e incluso a abril de 2016 no se habían ejercido o aplicado en su totalidad, cerca de 7 millones de pesos.
Resulta toda una decepción que quienes en campaña ofrecen honestidad, transparencia y rendición de cuentas, así como el manejo escrupuloso de los recursos públicos, al enfrentar una auditoría seria y profesional como las que aplica la ASF, les descubran lo contrario a lo que prometieron.
Esa parece ser la norma en San Luis Potosí, luego de las elecciones, las autoridades cambian, pero para que todo siga igual, de tal modo que poca diferencia hay entre Jorge Lozano, Victoria Labastida, Mario García y Ricardo Gallardo.
Los datos de la ASF son incontestables y por cierto, ellos no son tan alcahuetes como su similar local donde todo (lo que les conviene) se les olvida.
