Por: Antonio González Vázquez.
Con una inversión de 14 millones de pesos, el alcalde Ricardo Gallardo hará promoción personal de su imagen, misma que aparecerá en los 50 mil paquetes escolares que se entregarán para el siguiente ciclo escolar.
De acuerdo con el artículo 134 constitucional, la publicidad de obras, acciones y programas financiados con recursos públicos, no debe ir personalizada sino que debe ser institucional. El alcalde Gallardo no lo está haciendo así o lo que es lo mismo, está en flagrante violación de la Constitución.
Desafortunadamente, eso es lo normal entre los gobernantes, Gallardo Juárez lo hace ahora pero antes lo hicieron Mario García y Victoria Labastida. Antes no se sancionó a quienes faltaron al 134 constitucional y seguramente ahora tampoco se hará.
El problema es que eso ocurre en todo el país, empezando por el presidente Peña, los gobernadores y presidentes municipales.
Con más cinismo que razón, cuando a algún gobernador o alcalde se le señala por pisotear el 134 constitucional, lo primero que se le ocurre es decir que todos los hacen y que luego entonces, cuál es el problema.
Incluso, esa promoción con recursos públicos se ha institucionalizado habida cuenta de la falta de ética de los gobernantes, baste recordar que previo a las pasadas elecciones en 12 estados de la república, en una sesión del Instituto Nacional Electoral, Pablo Gómez, representante del Partido de la Revolución Democrática denunció, entre otros, a los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas de hacer promoción institucional a favor de los candidatos del PRI.
Tan bajo hemos caído que, ese partido que a nivel nacional denuncia el uso indebido de los recursos públicos para promoción personal, en el caso de San Luis Potosí replica la misma fórmula y nadie dice nada.
¿Por qué un niño de tercer año de primaria debe ir a la escuela con útiles escolares con la fotografía del alcalde Gallardo?
¿Por qué el edil le pone su foto a libretas y diccionarios si los paquetes escolares se pagan con recursos públicos, no de su bolsillo?
Da el frecuente caso de que los gobernantes creen que los recursos públicos son de ellos y que el poder es de ellos y que por tanto, pueden actuar según su parecer sin importar la ley. Ese es precisamente el gran infortunio de San Luis Potosí.
