Por Antonio González Vázquez
El caso del homicida y feminicida de Tamuín, Filiberto Hernández Martínez, ha puesto al sistema de procuración y de administración de justicia de San Luis Potosí por los suelos. A nivel nacional, ha sido exhibido como algo vergonzoso, que está solo para dar penas.
Pareciera ser que no pasa nada, pero en realidad pasa mucho; el gobernador Juan Manuel Carreras López no se da cuenta de que su Procuraduría y sus agentes del Ministerio Público son el reflejo de su administración: negligente, omisa, mediocre, altanera y sobrada de sí, se sienten que gobiernan y en realidad lo único que han hecho es mal administrar el primer año perdido del sexenio.
Hace unos días, en buena parte de la prensa nacional aparecían notas, entrevistas y crónicas sobre la denuncia de padres de las niñas violadas sexualmente y asesinadas por el feminicida de Tamuín.
En todos los casos, se mostraban ampliamente sorprendidos del hecho de que un juez haya dictado auto de libertad a un criminal de ese nivel de maldad, de perversidad.
Pero más se sorprendieron todos cuando se confirmó que la libertad en uno de los cinco procesos abiertos, obedeció a la pésima labor de funcionarios públicos del gobierno de San Luis Potosí: de la Procuraduría General de Justicia y del entonces denominado Centro de Atención a Víctimas del Delito.
El agente del Ministerio Público integró de manera displicente e incompleta la averiguación y los defensores de oficio encargados de representar a la familia de Adriana Campuzano, una de las víctimas mortales de apenas 13 años de edad, simplemente olvidaron el caso y ni siquiera asistieron a las diligencias al Juzgado.
Es decir, al Ministerio Público y a los Defensores de Oficio a los que se les paga con recursos públicos les importó un cacahuate o para ser más precisos, les valió madre y dejaron el caso al garete.
Pero como en San Luis pareciera que no hay gobernador, nadie dice nada sino lo obvio: ahora sí vamos a ayudar a las víctimas, ahora sí los vamos a atender en todo momento, ahora sí estaremos cerca de ellos, ahora sí vamos a integrar bien la averiguación, ahora sí vamos a aportar pruebas, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pero antes no.
Ya sea de derechos humanos o de las víctimas de la violencia Carreras López sabe tanto como quienes lo asesoran, es decir nada, pues a la luz de lo que ocurre, da la impresión de que solo se dedican a cobrar y a andar en la calle con la altanería propia de un funcionario sin quehacer.
En breve llegará una Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el caso de las niñas violadas y asesinadas; será solo entonces que Carreras se entere que existe algo que se llama derechos humanos.
Tan le importan poco los derechos humanos al gobernador que está por cumplirse un año de que la propia CEDH sugirió solicitar la alerta de género por los feminicidios, misma que no se avista pues se opera para que no se de tal declaratoria porque a juzgar del gobierno “no hace falta”.
