Por Antonio González Vázquez
Desde esta caja se había señalado hace unos días que los nocivos diputados involucrados en los moches para limpiar cuentas públicas con la complicidad de funcionarios de la Auditoría Superior, eran ni más ni menos que los mismos que impulsaban el pestilente caso de Panavi.
Oscar Bautista Villegas impulsaba los dos temas y era algo así como el que dictaba las órdenes. Si un alcalde quería limpiar su cuenta, Bautista hablaba con él y le explicaba cómo había que hacerlo.
Pero también, si Ricardo Gallardo Juárez quería modificar el contrato con Panavi para regalar (no necesariamente a la empresa) más de 200 millones de pesos con la excusa de que hay que mejorar el alumbrado público, pues a quien había que buscar era también a Oscar Bautista.
El ahora diputado con licencia aprobó en su Comisión la solicitud de modificación al decreto para pasar de mil 300 a mil 500 millones de pesos y fue quien impulsó a los diputados de otras comisiones a hacer lo propio.
Y lo logró, pero se le cayó el negocio cuando no alcanzó el número de votos necesarios en el pleno. La mayoría de diputados vio la enorme presión social y el rechazo generalizado a ese movimiento municipal y se vieron obligados a no vender su voto.
Junto a Bautista durante todo el proceso Panavi en el legislativo, estuvieron en la misma burbuja gallardista personajes como Enrique Flores, José Guadalupe Torres Sánchez, Manuel Barrera Guillén y Oscar Bautista. Los mismos de la llamada ecuación de la corrupción.
Ya sin tres diputados de esa mafia que solicitaron licencia del cargo, resultaba no solo oneroso sino ridículo mantener la postura gallardista de volver a la carga con el tema de Panavi en comisiones.
En ese sentido, vale la pena destacar que Ricardo Gallardo se volvió a equivocar pues hasta hace unas semanas había dicho que si los diputados le querían dar para atrás al dictamen, pues que le dieran; resulta que es él quien le dio para atrás.
Descalabro descomunal del edil con aspiraciones reeleccionistas ya que en el Congreso se desmantela el grupo de diputados afines a él y uno de los casos de mayor sospecha de corrupción en su administración se ha hecho polvo.
El anuncio que hizo ayer la Comisión de Hacienda del Cabildo de la capital es claro en el sentido de que se solicitará el retiro de la propuesta de modificación al decreto, para que luego se proceda a la cancelación del contrato.
Lo importante con el recule municipal, es que no se tomarán 200 millones de pesos del erario público para darlos a la empresa y a sus promotores políticos.
Sin duda, la participación de ciudadanos y organismos civiles y privados e incluso de comerciantes que se movilizaron en contra de la modificación al contrato, fue trascendental para obligar al municipio a hacer lo que no quería: cancelar el contrato.
La sesión de cabildo de este jueves pasará entonces a la historia porque el alcalde hará algo que no le gusta: echarse para atrás y hacer todo lo contrario que en realidad quería hacer.
Se presentará el caso por el lado bonito de que se está protegiendo el interés público y que se está echando para abajo un contrato heredado por Mario García, pero en realidad lo que estará ocurriendo es que Ricardo Gallardo perdió la batalla.
